El abogado Santiago Alpízar afirmó en conversación con el periodista Mario Pentón que el Partido Comunista de Cuba, y no los ciudadanos que protestaron pacíficamente, fue responsable del desorden público en la Isla durante una manifestación por los prolongados apagones.

Según Alpízar, los manifestantes se limitaron a tocar calderos, pedir el fin de los cortes de electricidad y reclamar libertad, sin agredir a nadie. “Fíjate, tocar calderos, pedir el fin de los apagones, pedir libertad, no agredieron a nadie, se mostraron respetuosos”, dijo el abogado. Señaló que los vídeos del evento, que documentan la protesta, muestran claramente la conducta pacífica de los participantes.

El jurista recordó que, desde el punto de vista legal, el desorden público se configura, entre otras circunstancias, cuando se interrumpe un servicio básico. “Ellos estaban pidiendo el restablecimiento de un servicio básico que cortó justamente el gobierno, que es el único que tiene el control de la distribución del servicio eléctrico en Cuba”, explicó Alpízar. Según indicó, el suministro eléctrico había estado interrumpido durante más de 48 horas en la localidad.

Alpízar enfatizó que los ciudadanos que protestaron ejercieron un derecho legítimo: manifestarse pacíficamente ante la falta de electricidad, mientras que el desorden real fue causado por la interrupción prolongada del servicio eléctrico, decisión que depende exclusivamente de las autoridades del país. “O sea, el que creó el desorden público fue justamente el Partido Comunista de Cuba”, concluyó.

La declaración de Alpízar cobra relevancia en un contexto donde seis cubanos han sido condenados a penas de seis y ocho años de prisión por participar en protestas pacíficas utilizando cacerolas y otros objetos metálicos para expresar su descontento ante los apagones. La severidad de las condenas ha generado alarma en medios independientes y en redes sociales, donde numerosos ciudadanos cuestionan la criminalización de manifestaciones no violentas.

Este caso refleja la tensión creciente entre los ciudadanos y las autoridades cubanas, y plantea interrogantes sobre la libertad de expresión y el derecho a protestar pacíficamente en la país, así como sobre la responsabilidad de las autoridades en el manejo de servicios básicos que afectan directamente la vida cotidiana de la población.

Fuente: Mario Pentón periodista

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