Yasmany Moreno, un cubano de 32 años que vivió durante casi una década en Miami, denunció las difíciles condiciones que enfrenta en la República Centroafricana, adonde fue deportado por las autoridades migratorias estadounidenses después de permanecer detenido durante más de un año.

Su caso se ha convertido en un ejemplo de las controvertidas deportaciones de inmigrantes a terceros países impulsadas por la Administración de Donald Trump, una política que ha generado preocupación entre abogados de inmigración y organizaciones defensoras de los derechos humanos.

Moreno llegó a Estados Unidos en 2016, después de abandonar Cuba en una balsa y alcanzar los Cayos Marquesas, en el sur de Florida. Bajo la entonces vigente política de «pies secos, pies mojados», pudo permanecer en el país. Durante sus años en Miami construyó una vida, llegó a tener una pequeña empresa de transporte y ayudaba económicamente a sus padres, residentes cerca de Orlando.

Sin embargo, su situación migratoria se complicó después de que no consiguiera obtener la residencia permanente. Según relató, un incidente de tránsito terminó conduciendo a su detención por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) aseguró que Moreno tenía cinco infracciones de tránsito, entre ellas conducir con una licencia suspendida. El cubano, por su parte, ha sostenido que no tiene antecedentes penales.

Aunque un juez de inmigración había ordenado su deportación a Cuba, las autoridades estadounidenses terminaron enviándolo a África. El 30 de julio de 2026 fue trasladado en un vuelo de aproximadamente 21 horas, junto a otros 35 inmigrantes, hasta Bangui, capital de la República Centroafricana.

Moreno contó que durante varias horas desconoció el destino del avión y que solo supo que viajaba hacia África cuando el trayecto estaba avanzado. También denunció que permaneció esposado de manos, cintura y pies durante el vuelo y que sufrió problemas de salud durante los días posteriores. Padece diabetes y asma.

Los deportados fueron alojados en un hotel, sin pasaportes y sin garantías claras sobre cuánto tiempo podrían permanecer en el país. Según Moreno, las autoridades locales les comunicaron que posiblemente tendrían que marcharse en un plazo de 90 días.

«Ahora siento que estoy en una prisión», expresó al describir su situación.

Desde su llegada, el cubano también ha utilizado las redes sociales para denunciar las condiciones del grupo y alertar sobre problemas de salud, incluidos casos de malaria entre los migrantes.

La Administración estadounidense defiende estas expulsiones como una herramienta de seguridad pública. Sin embargo, abogados de inmigración cuestionan su legalidad y advierten sobre la vulnerabilidad de personas enviadas a países con los que no tienen vínculos familiares ni mecanismos efectivos de protección.

La República Centroafricana figura en el nivel 4 de alerta de viaje del Departamento de Estado, que recomienda no viajar al país debido a la violencia, los secuestros, la inseguridad y otros riesgos.

El caso de Moreno mantiene en vilo a familiares y miembros de la comunidad cubana del sur de Florida, mientras su futuro depende de los procedimientos legales que, según ha informado, podrían permitir la reapertura de su expediente migratorio.

Fuentes: Local 10 y The Florida Press

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