Un residente de Guanajay denunció públicamente haber recibido más de 10.000 pesos en multas por comercializar productos a precios inferiores a los habituales en el mercado local, según un video difundido en Facebook.

El hombre explicó que inicialmente fue sancionado con una multa de 5.000 pesos por vender mercancías “por debajo del precio del pueblo”, situación que, según relata, volvió a repetirse apenas dos semanas después con otra inspectora estatal.

“A los quince días vino otra a ponerme cinco mil pesos más. ¿A dónde vamos a parar?”, expresó visiblemente molesto en el video, donde también cuestiona quién puede detener este tipo de actuaciones.

El caso ha llamado la atención porque la sanción no estuvo relacionada con sobreprecios o especulación, sino precisamente con vender más barato que otros comerciantes de la zona, algo que ha sido interpretado por numerosos usuarios en redes sociales como una muestra de arbitrariedad en la aplicación de las regulaciones económicas en Cuba.

Durante la grabación también se escuchan otras personas que aseguran haber recibido multas de menor cuantía, lo que apunta a un operativo de inspección más amplio realizado en el municipio.

Las sanciones forman parte del endurecimiento de los controles estatales sobre precios y actividad comercial aplicado en los últimos años.

En diciembre de 2024, el primer ministro Manuel Marrero Cruz anunció un nuevo sistema de incentivos para inspectores, basado en los “resultados” obtenidos durante su trabajo, incluyendo la cantidad y monto de las multas impuestas.

Ese mecanismo ha generado críticas y denuncias de ciudadanos y trabajadores privados que aseguran haber sido sancionados aun cuando no existían violaciones claras de la normativa.

El marco legal utilizado para estas medidas incluye el Decreto 30/2021, que regula las infracciones relacionadas con la política de precios y contempla multas de entre 2.500 y 15.000 pesos.

Posteriormente, el Decreto-Ley 91/2024 amplió y endureció las sanciones aplicables a trabajadores por cuenta propia, cooperativas y mipymes, estableciendo penalizaciones que pueden llegar hasta los 72.000 pesos.

En los últimos meses se han reportado casos similares en distintas provincias del país. Entre ellos, vendedores ambulantes y pequeños comerciantes sancionados con cifras elevadas por irregularidades vinculadas a licencias, precios o comercialización informal.

Datos oficiales indican que durante 2024 se realizaron más de 606.000 inspecciones económicas en Cuba, con más de 371.000 multas impuestas por un valor cercano a los 980 millones de pesos.

Solo en una semana de febrero de 2026, las autoridades reportaron alrededor de 17.000 multas por más de 65 millones de pesos en todo el país, en medio del incremento de controles sobre el sector privado y las actividades comerciales informales.

Fuentes: Publicación de Guanajay de Hoy y CiberCuba

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