El gobierno de Estados Unidos ha lanzado una contundente advertencia a los inversores internacionales interesados en hacer negocios con Cuba, al señalar que la isla “no está abierta a los negocios”, sino “manipulada para favorecer a los compinches del régimen”. A través de una publicación en redes sociales, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado alertó sobre el sistema económico opaco y autoritario que impera en la isla caribeña.

Según el comunicado, el régimen cubano obliga a los inversionistas extranjeros a formar empresas conjuntas con entidades estatales controladas por militares, reteniendo al menos el 60% de las ganancias, y muchas veces sin cumplir con los pagos pactados. “Ningún inversor quiere eso. La corrupción cubana, no el mundo exterior, es la que está ahuyentando el dinero”, subraya el mensaje.

En paralelo, el congresista cubanoamericano Mario Díaz-Balart anunció una propuesta legislativa para bloquear la asistencia financiera estadounidense a cualquier entidad que colabore con los ministerios cubanos del Interior o de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. El congresista denunció que estas instituciones son responsables de reprimir al pueblo cubano y de gestionar los negocios más lucrativos del país, en detrimento de la población.

Cuba, clasificada como una economía “reprimida” en el Índice Mundial de Libertad Económica 2025 de The Heritage Foundation, ha registrado una caída adicional de 0,3 puntos respecto al año anterior, ubicándose en el último lugar de la región. El informe destaca la falta de un poder judicial independiente, el deficiente entorno regulatorio y la limitada iniciativa privada como causas del estancamiento económico.

A pesar de la grave crisis que atraviesa la isla —con escasez de alimentos, apagones constantes y un colapso del sistema de salud—, el régimen ha destinado más del 37% de su inversión a la construcción de hoteles y resorts turísticos en 2024. Estas infraestructuras, en su mayoría vacías, son controladas por conglomerados militares como GAESA, FINCIMEX y CIMEX, cuyos beneficios no llegan a la ciudadanía.

Mientras los cubanos enfrentan serias carencias básicas, los recursos se canalizan hacia sectores controlados por una élite privilegiada. Esto no responde a fallos de gestión, sino a un modelo económico diseñado para perpetuar el poder autoritario y beneficiar a los altos funcionarios del régimen.

Estados Unidos y otros actores internacionales insisten en la necesidad de transparencia, rendición de cuentas y apertura económica centrada en el bienestar ciudadano. Para los pueblos de Cuba y Venezuela —también citado como ejemplo de mal manejo estatal en el comunicado— el cambio real no llegará hasta que se rompan los esquemas que priorizan la propaganda y el enriquecimiento personal sobre las verdaderas necesidades del pueblo.

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