Cada 10 de diciembre, cuando el mundo conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos, el gobierno cubano vuelve a activar su conocido mecanismo de control social: un incremento de la vigilancia, el acoso policial y las restricciones de movimiento contra periodistas y activistas independientes. Este año no fue la excepción.

De acuerdo con reportes de CubaNet, las fuerzas represivas del régimen —incluyendo agentes de la Seguridad del Estado, la Policía Nacional Revolucionaria y unidades en civil— desplegaron un operativo en distintos puntos del país. Todo esto ocurre en un contexto agravado por la crisis energética, el deterioro económico y el incremento de presos políticos, lo que eleva el nivel de tensión en la Isla.

Entre los primeros en denunciar la situación estuvo el periodista independiente Vladímir Turró, quien relató que su esposa detectó la presencia de oficiales merodeando su vivienda. Ante el evidente cerco, Turró optó por no dormir en casa para evitar una posible detención arbitraria.

También la reportera Camila Acosta informó que su edificio estaba rodeado por agentes vestidos de civil, un método frecuente utilizado por el régimen para impedir que opositores salgan a la calle o coberturen acontecimientos sensibles.

Otro caso que generó gran preocupación es el del activista Boris González Arenas. A través de su esposa, Juliette Isabel Fernández Estrada, se supo que su vivienda amaneció vigilada. “Este gobierno solo tiene energía para reprimir al pueblo al que mantiene en la miseria”, escribió Fernández Estrada en redes sociales.

La represión tampoco pasó por alto a exiliados y figuras opositoras de alto perfil. La familia del expreso político Andy García Lorenzo sigue bajo observación desde el martes. En Lawton, vecinos confirmaron la presencia constante de patrullas frente a la casa de Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, y de su esposo, Ángel Moya, así como en la sede del movimiento opositor.

A esta lista se suma la activista Yamilka Lafita —conocida como “Lara Croft”—, quien reveló que agentes fueron a su domicilio para advertirle que debía permanecer recluida durante toda la jornada, bajo amenaza de arresto indefinido.

El Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC) también reportó múltiples casos de vigilancia y restricciones. Entre los afectados se encuentran Eroisis González, Fernando Palacio, Juan Manuel Moreno y Zelandia Pérez. En el caso de estos dos últimos, la intimidación vino acompañada de advertencias directas: si intentaban salir, enfrentarían consecuencias legales.

De igual manera, activistas vinculados al Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) denunciaron presiones previas a la fecha, que incluyeron interrogatorios, amenazas y limitaciones de movimiento. Entre ellos figuran Cecilia Castellano Guillén, Ramón Jiménez Arencibia, Juan Carlos Hernández Zaldivar, Irel Gómez Moreira y Lázara Sánchez Fiallo.

Este aumento de la represión coincide con las acciones convocadas por José Daniel Ferrer y diversas organizaciones del exilio bajo el lema “Grito mundial por Cuba”, una campaña internacional que busca visibilizar la situación de los presos políticos. Las manifestaciones están previstas en ciudades como Miami, Washington, Madrid, París y Santiago de Chile, mientras que en la Isla se ha llamado a colocar carteles con las siglas “DH” (Derechos Humanos) como gesto simbólico de protesta.

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