El primer ministro cubano, Manuel Marrero Cruz, anunció la elaboración de un «mapa energético» para identificar los recursos de generación eléctrica y la movilidad eléctrica del país, incluidos los sistemas instalados en viviendas particulares. La iniciativa se desarrolla en medio de una profunda crisis energética y de los preparativos nacionales en materia de defensa.

El Gobierno cubano busca ampliar el registro de las capacidades energéticas existentes en el país mediante un inventario que contempla tanto las entidades estatales como el sector residencial. La información fue divulgada tras las declaraciones de Marrero, según las cuales el levantamiento permitirá identificar las fuentes renovables disponibles y los medios de transporte eléctricos.

El anuncio ha despertado interrogantes sobre el alcance de este registro y el uso que tendrán los datos recopilados, especialmente entre las familias que han instalado paneles solares para reducir su dependencia de la red eléctrica nacional.

Según información publicada por la agencia EFE el 2 de octubre, Marrero explicó que el denominado mapa energético forma parte de los esfuerzos gubernamentales para identificar las alternativas de generación eléctrica existentes. El primer ministro también señaló que las familias y otros actores económicos han incrementado la instalación de sistemas fotovoltaicos.

La iniciativa se produce en un contexto marcado por los apagones prolongados, las dificultades para garantizar el suministro de combustible y las limitaciones de la infraestructura eléctrica cubana.

Ante esta situación, algunos hogares han recurrido a paneles solares y baterías como alternativa para disponer de electricidad durante las interrupciones del servicio. Estos equipos representan una inversión significativa para muchas familias, que buscan garantizar necesidades básicas como la iluminación, la conservación de alimentos y la carga de dispositivos electrónicos.

El registro de estos sistemas podría facilitar la planificación energética y la identificación de la capacidad de generación distribuida. Sin embargo, hasta el momento, la información disponible no permite afirmar que el inventario implique la confiscación de equipos, restricciones de uso o nuevas obligaciones específicas para sus propietarios.

Tampoco se han detallado públicamente todos los procedimientos de recopilación de datos ni las posibles consecuencias administrativas del levantamiento.

La inclusión de los recursos residenciales plantea preguntas legítimas sobre la finalidad del registro, la protección de la información y las decisiones que podrían adoptarse posteriormente.

Por ahora, el anuncio confirma el interés gubernamental en conocer mejor la capacidad energética del país, pero no permite determinar qué medidas concretas se aplicarán a los propietarios de sistemas solares.

Fuente: Daniel Benitez

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