Cuba figura entre los países de América Latina con mayor tasa de rechazo en solicitudes de visas tipo B —destinadas a turismo y negocios— emitidas por Estados Unidos, según un informe del Departamento de Estado correspondiente a 2024.

El documento ubica a la isla con un 53.35% de solicitudes denegadas, solo superada por Nicaragua, con un 58.71%. Detrás de Cuba aparecen El Salvador (52.65%) y Haití (47.35%), mientras que República Dominicana también presenta un alto porcentaje, con 43.38%.

En contraste, otros países latinoamericanos muestran índices de negación mucho más bajos. Uruguay, por ejemplo, tiene apenas un 2.63% de rechazos; Argentina un 8.9% y Brasil un 15.48%. En la misma línea, Costa Rica (12.66%) y México (13.87%) reflejan un mayor nivel de aprobación en sus solicitudes de visado.

El alto número de denegaciones a cubanos refleja las dificultades crecientes que enfrentan los ciudadanos de la isla para acceder a una visa estadounidense, en medio del aumento de la migración irregular hacia el norte y la falta de servicios consulares en La Habana durante varios años. Muchos cubanos deben tramitar sus solicitudes en terceros países, lo que encarece y complica aún más el proceso.

A esta situación se suma una nueva política migratoria implementada por la administración de Donald Trump desde el 1 de octubre, que impone un cargo adicional de 250 dólares a las visas temporales, incluidas las de turismo, estudios o negocios. Este pago actúa como un depósito obligatorio, cuyo reembolso solo será posible si el solicitante cumple con todas las condiciones de su visa.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) será el encargado de aplicar esta normativa. Los viajeros podrán recuperar el monto únicamente si no exceden el tiempo autorizado de estancia, no trabajan sin permiso o logran una extensión o ajuste de estatus legal en Estados Unidos. De lo contrario, el gobierno estadounidense retendrá el depósito.

Según medios como Business Today y Live Mint, el propósito de esta medida es reducir las estadías prolongadas y garantizar el cumplimiento de las normas migratorias, un mensaje que impacta especialmente en países con altos índices de violaciones de los términos de visa, como Cuba y Nicaragua.

A partir de 2026, la tarifa será ajustada anualmente en función de la inflación, lo que podría encarecer aún más el costo de acceder legalmente al territorio estadounidense.

Para los cubanos, la combinación de altos niveles de rechazo y nuevas tarifas migratorias representa otro obstáculo en medio de la crisis económica y política que atraviesa el país, donde miles de ciudadanos siguen viendo la emigración como la única salida a la falta de oportunidades y libertades.

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