Durante más de veinte años, la alianza entre La Habana y Caracas fue mucho más que un pacto político o económico. Diversos organismos internacionales, ONG y centros de investigación coinciden en que Cuba desempeñó un papel clave en la construcción del sistema de control y represión que sostuvo al chavismo, primero con Hugo Chávez y luego, con mayor crudeza, bajo Nicolás Maduro.

Desde finales de los años noventa, informes de la ONU comenzaron a alertar sobre la existencia de estructuras de inteligencia paralelas dentro del estado venezolano. La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos señaló que cuerpos como el SEBIN y la DGCIM operaban con asesoría extranjera, con transferencia directa de métodos de vigilancia, interrogatorio y persecución política. Aunque en algunos documentos no se menciona explícitamente a Cuba, posteriores análisis del Alto Comisionado y reportes de prensa y ONG identificaron a oficiales cubanos como piezas técnicas y operativas en esas estructuras.

La OEA fue aún más directa. En su informe de 2018 sobre crímenes de lesa humanidad, documentó testimonios que describen supervisión cubana sobre los servicios de inteligencia venezolanos, así como influencia en los ascensos militares y en la depuración de mandos considerados poco confiables. La CIDH, por su parte, advirtió que Venezuela importó prácticas de seguridad propias de regímenes de control total, con énfasis en vigilancia masiva, tortura psicológica y represión sistemática de la protesta.

Desde Europa, el Parlamento Europeo aprobó varias resoluciones denunciando la injerencia de La Habana y calificando esa relación como una forma de tutela política que debilitó la soberanía venezolana y agravó las violaciones de derechos humanos. Informes del Servicio Europeo de Acción Exterior añadieron otro componente: el uso de mecanismos sociales, como los programas de distribución de alimentos, no solo para asistencia, sino como instrumentos de vigilancia y castigo político.

Las ONG internacionales reforzaron estas conclusiones con testimonios directos. Human Rights Watch y Amnistía Internacional documentaron detenciones arbitrarias, torturas y prácticas de espionaje interno, citando declaraciones de exoficiales que describen la participación de instructores cubanos en entrenamientos e interrogatorios. Freedom House habló de una “interdependencia represiva” entre ambos regímenes, basada en el intercambio de inteligencia y estrategias de control social.

Think tanks y el Instituto CASLA llevaron estos hallazgos hasta la Corte Penal Internacional, aportando nombres, rangos y lugares donde habrían operado asesores cubanos. Investigaciones de InSight Crime y C4ADS añadieron la dimensión financiera, revelando cómo la cooperación en seguridad se sostuvo mediante redes económicas entre empresas estatales de ambos países.

Exmilitares venezolanos y antiguos agentes del SEBIN han coincidido en una idea central: la influencia cubana no se limitó a la represión física, sino que abarcó el control de comunicaciones, la propaganda, la censura y la contrainteligencia regional. En ese esquema, la supervivencia del régimen dependía tanto de la fuerza como del miedo y la vigilancia constante.

La conclusión es contundente: la represión en Venezuela no fue un fenómeno aislado ni improvisado. Fue el resultado de un modelo exportado, perfeccionado durante décadas en Cuba y aplicado en territorio venezolano con asesoría directa. Un sistema transnacional de control político que hoy, tras el colapso del poder de Maduro, queda expuesto ante la comunidad internacional como una posible cadena de responsabilidades que aún está por juzgarse.

Fuentes: Instituto CASLA, Amnistía Internacional, Misión de la ONU, ONG internacionales

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