El reciente enfrentamiento armado en aguas cercanas a Corralillo, Villa Clara, en el que una lancha proveniente de Florida intentó ingresar al territorio cubano, genera uno de los procesos penales más graves de los últimos años. La Fiscalía General de la República de Cuba, a través de su jefe de Dirección, Edward Roberts Campbell, señaló que los hechos involucran múltiples delitos asociados al terrorismo, lo que implica sanciones severas que van desde 10 o 15 años de prisión hasta 20 o 30 años, cadena perpetua e incluso la pena de muerte.

Campbell explicó que la investigación se encuentra en curso y que los implicados ya están detenidos, mientras se decide la medida cautelar correspondiente. La Fiscalía se encargará de controlar la investigación, garantizar la legalidad de las pruebas y proteger los derechos de los detenidos, incluyendo la atención médica necesaria.

Durante el enfrentamiento, el grupo armado que llegó en la lancha estaba provisto de armamento y equipo de combate, lo que derivó en un ataque directo contra un medio naval cubano. Como consecuencia, el comandante de la nave cubana resultó lesionado, y la respuesta de las Tropas Guardafronteras permitió neutralizar la amenaza. El fiscal recalcó que estas acciones constituyen abordaje ilegal, violencia contra una unidad naval en aguas nacionales y la introducción de armas y municiones con fines ilícitos.

Entre los posibles cargos que podrían configurarse tras la investigación se incluyen actos asociados al terrorismo, instigación para delinquir, asociación para delinquir, portación ilegal de armas y financiamiento del terrorismo, sobre todo si se determina que sectores externos, incluidos en Estados Unidos, participaron en la planificación o financiamiento de la operación. Además, los delitos pueden implicar violaciones contra el orden público, reflejando la gravedad de la conducta y el riesgo que representa para la seguridad nacional.

El fiscal enfatizó que, aunque la configuración definitiva de los delitos todavía está por determinarse, el marco legal cubano prevé penas muy elevadas debido a la naturaleza de los hechos y la intención de generar daño en territorio nacional. Asimismo, advirtió que la responsabilidad no se limita a los detenidos, sino que se extiende a quienes preparan, financian o apoyan estas acciones desde el exterior, lo que podría dar lugar a investigaciones y sanciones adicionales.

El caso sigue bajo control judicial riguroso, y la Fiscalía asegura que la conclusión de la instrucción y la calificación jurídica final determinarán las medidas exactas y las posibles sanciones que enfrentarán los implicados, consolidando el proceso como un ejemplo de la respuesta legal y penal ante actos de terrorismo en Cuba.

Fuente: Fiscalía General Cuba

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