Un informe reciente del Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana (OCAC) revela que la criminalidad en Cuba alcanzó niveles históricos en el primer semestre de 2025. El reporte, que documenta 1.319 delitos entre enero y junio, señala un incremento del 378% en apenas dos años, en contraste con el discurso oficial que insiste en que la violencia y los delitos están disminuyendo.

El estudio, basado en denuncias difundidas en redes sociales y reportes de prensa, muestra que el país vive un deterioro acelerado en la seguridad pública. La opacidad de las estadísticas estatales impide conocer el alcance real, pero el OCAC advierte que la cifra publicada es solo una fracción de un fenómeno mucho más amplio.

De un promedio de 276 delitos en el primer semestre de 2023, se pasó a 432 en 2024 y a más de 1.300 en 2025. Esto implica más de siete crímenes diarios en la isla. Los meses de marzo y abril registraron los picos más altos con 276 y 254 casos, respectivamente.

El robo sigue siendo el delito más frecuente con 721 incidentes, seguido de 63 asesinatos, 61 asaltos, 38 agresiones y 198 vinculados al tráfico o consumo de drogas, categoría que aparece por primera vez debido a su creciente expansión. Además, se contabilizaron 238 hechos clasificados como “otros delitos”, que incluyen vandalismo, portación ilegal de armas y ventas ilícitas.

El informe subraya que la emergencia del tráfico de drogas y la creciente disponibilidad de armas de fuego marcan un cambio en el panorama criminal cubano. Solo en La Habana se concentraron 109 de los 198 casos relacionados con drogas. Por su parte, el uso de armamento letal estuvo presente en 35 delitos durante el semestre, incluidos seis asesinatos.

Los feminicidios también figuran como un fenómeno alarmante. El Observatorio de Género Alas Tensas (OGAT) confirmó que 16 de las 24 mujeres asesinadas fueron víctimas de violencia machista.

El hurto y sacrificio de ganado representó 193 casos en el semestre, evidenciando cómo la crisis alimentaria impulsa este tipo de delitos. La escasez de productos básicos ha convertido al ganado en un objetivo prioritario para los delincuentes, con fuerte incidencia en provincias como Matanzas, Las Tunas y Santiago de Cuba.

En total, participaron 1.588 personas en la comisión de delitos, en su mayoría hombres, y las víctimas abarcan un espectro diverso: 146 hombres, 106 mujeres, 24 menores y 26 ancianos. La amplitud del impacto refleja que ningún sector de la población está a salvo.

El OCAC sostiene que el auge delictivo se explica no solo por factores socioeconómicos, sino también por la desconexión entre las prioridades del Ministerio del Interior (MININT) y la realidad del país. Según el informe, los recursos se concentran en vigilar y reprimir a la disidencia política en lugar de enfrentar la delincuencia común.

La reciente filtración de cuentas millonarias de GAESA en paraísos fiscales también fue mencionada en el documento, como ejemplo de cómo la élite dirigente protege sus privilegios mientras desatiende las demandas sociales y la seguridad ciudadana.

Las conclusiones del informe son claras: el deterioro de la seguridad pública es consecuencia directa de un modelo en el que el aparato represivo actúa más como guardián del poder político que como garante de la tranquilidad social.

El resultado es una doble amenaza para la ciudadanía: por un lado, la expansión de la delincuencia común y, por otro, el hostigamiento del propio Estado contra quienes se atreven a cuestionar la situación.

El OCAC advierte que, de mantenerse esta tendencia, Cuba podría experimentar una consolidación de redes criminales más complejas, vinculadas al narcotráfico y a la circulación de armas, lo que agravaría aún más la vulnerabilidad de la población.

(Con información de Infobae)

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