En Cuba, una vez más, la política se impuso incluso cuando el costo fue enfrentar al que muchos consideran un patrimonio nacional: el béisbol. En pleno juego de vida o muerte de los play off, disputado en el estadio 26 de Julio, se tomó la decisión de retirar las cámaras destinadas a la transmisión y al sistema de replay para priorizar la cobertura de una Marcha de las Antorchas.

No se trata de un fallo técnico ni de una contingencia imprevista. Fue una elección consciente que dejó a un partido decisivo sin una herramienta esencial para la justicia deportiva. En una serie marcada por la polémica arbitral, eliminar el replay equivale a desproteger la credibilidad del campeonato y a colocar a jugadores, managers y aficionados en una posición de indefensión.

El béisbol cubano no es un espectáculo menor ni un simple entretenimiento circunstancial. Es parte de la identidad cultural del país, un espacio donde la afición se reconoce y se reúne. Sin embargo, decisiones como esta confirman una realidad reiterada: cuando la agenda política entra en conflicto con el deporte, el deporte siempre pierde.

La afectación no distingue colores ni provincias. Artemisa, Holguín y todo el país resultan perjudicados. El mensaje es contundente: el seguidor fiel, el que llena estadios y acompaña al béisbol incluso en medio de carencias, no es prioridad.

Más que una anécdota, el hecho deja una señal preocupante. Tratar al principal espectáculo deportivo de la nación como algo prescindible demuestra una desconexión profunda con la afición y con el valor simbólico del béisbol en la sociedad cubana.

El respeto al patrimonio nacional no debería ser negociable. Cuando se subordina el béisbol a decisiones ajenas al juego, no solo se pierde un replay: se pierde credibilidad.