Durante semanas, el gobierno cubano se aferró al silencio. Negó, minimizó, desvió la atención. Pero la realidad, cada vez más visible en las calles, los hospitales y las funerarias, terminó por imponerse. Finalmente, el propio presidente del país ha reconocido públicamente la situación epidemiológica extrema que atraviesa Cuba y ha convocado una Mesa Redonda informativa con especialistas, un formato que recuerda a los días de la pandemia. Sin embargo, esta vez el contexto es radicalmente distinto: el país llega a esta crisis sin recursos, sin confianza pública y con una población exhausta.

El reconocimiento oficial llega tarde. Desde hace semanas, los reportes ciudadanos, las colas en los hospitales y la saturación de las funerarias venían mostrando un panorama alarmante. Las arbovirosis —dengue, zika, chikungunya— se han expandido por casi todo el territorio, mientras las autoridades insistían en que todo estaba “bajo control”. La diferencia ahora es que ya no hay cómo ocultar los números: los enfermos se multiplican, los medicamentos escasean y las morgues no dan abasto.

La comparación con la pandemia de COVID-19 la hace el propio Presidente Díaz Canel y es inevitable, aunque engañosa. En aquel entonces, el gobierno respondía con cierta capacidad de movilización: se entregaban módulos de aseo, alimentos y medicinas, se activaban redes de apoyo comunitario y había recursos —o al menos créditos internacionales— para sostener la emergencia. Hoy el panorama es otro: no hay combustible, no hay medicamentos, no hay alimentos suficientes ni capacidad institucional real para enfrentar una epidemia de esta magnitud.

Mientras en 2020 el Estado aún podía apelar al discurso de la “resistencia organizada”, ahora predomina la sensación de colapso estructural. Los servicios sanitarios están desbordados, los médicos agotados, y la población enfrenta la crisis sin respaldo ni esperanza. A ello se suma un deterioro generalizado de las condiciones de vida: falta de agua potable, acumulación de basura, apagones prolongados y hambre. Todos estos factores han creado el terreno perfecto para la propagación de enfermedades y para el desencanto social.

La Mesa Redonda anunciada busca mostrar control, pero ya no hay narrativa que oculte el desastre. El reconocimiento presidencial, aunque tardío, es el reflejo de un sistema que ha perdido la capacidad de anticiparse a sus propias crisis. El país no solo enfrenta una emergencia sanitaria, sino también una emergencia moral, donde la transparencia se ha convertido en una necesidad más urgente que el propio medicamento.

En definitiva, lo que hoy se reconoce oficialmente no es solo una epidemia, sino el fracaso de un modelo que se agotó, incapaz de garantizar lo más básico: salud, higiene y sustento. Esta vez, el virus más letal no proviene del mosquito, sino del abandono y la desidia institucional que carcomen los cimientos de la nación.

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