Dos nuevos feminicidios han sido confirmados en Cuba por las plataformas independientes Yo Sí Te Creo y Alas Tensas, elevando a 14 el total de casos registrados en lo que va de 2025. Ambos crímenes fueron perpetrados por exparejas de las víctimas, lo que vuelve a poner en evidencia el patrón de violencia machista persistente en el país.

Una de las víctimas es Yilianys Reyes Fundora, una adolescente de 17 años y madre de una niña pequeña. Fue asesinada presuntamente por su expareja el pasado 27 de abril en la localidad de Brasil, municipio de Esmeralda, en la provincia de Camagüey. La joven, al ser menor de edad según la legislación cubana, representa un caso especialmente alarmante.

El segundo feminicidio corresponde a Daimí Tamayo Milián, de 36 años, quien perdió la vida a manos de su expareja, también padre de su hija, el 25 de abril en Bartolomé Masó, provincia de Granma. Tras cometer el crimen, el agresor se suicidó. Las activistas solicitan información para confirmar si Daimí había presentado denuncias previas, y reiteran la urgencia de que existan mecanismos eficaces de prevención y respuesta ante señales de riesgo.

Ambos casos reflejan la inacción institucional frente a una violencia que se ha cobrado decenas de vidas en los últimos años. Solo en 2024, las organizaciones independientes documentaron 55 feminicidios, cifra inferior a los 85 registrados en 2023, pero con un aumento preocupante en la cantidad de niños y niñas que quedaron huérfanos: 62 en total, 21 más que el año anterior.

Actualmente, activistas investigan al menos cinco nuevas alertas de posibles feminicidios en varias provincias del país, incluidas La Habana, Artemisa, Matanzas, Sancti Spíritus y Santiago de Cuba.

A pesar de las denuncias, Cuba sigue sin tipificar el feminicidio como delito específico en su Código Penal. Tampoco los medios estatales utilizan ese término ni el de “crimen machista”, lo que contribuye a invisibilizar la magnitud del problema. Las declaraciones oficiales, como la “tolerancia cero” proclamada por el presidente Miguel Díaz-Canel, han sido vistas como insuficientes por organizaciones feministas, que exigen acciones concretas y sostenidas.

Si bien en los últimos meses las autoridades han informado sobre la creación de un registro informatizado para recopilar datos sobre feminicidios, este no será de acceso público, lo que limita su efectividad como herramienta de control ciudadano y transparencia institucional.

Desde la sociedad civil, los reclamos son claros: tipificación del feminicidio, implementación de protocolos de protección, atención especializada para las víctimas y sus familias, y una política de prevención con enfoque de género. Mientras estos pasos no se den, los nombres de Yilianys y Daimí se sumarán a una lista que no deja de crecer.

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