La crisis económica y alimentaria que atraviesa Cuba está obligando a una amplia mayoría de la población a reducir su alimentación diaria. Ocho de cada diez cubanos aseguran haber dejado de desayunar, almorzar o cenar durante los últimos seis meses por falta de dinero o alimentos, según el más reciente informe del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH).

El estudio, elaborado a partir de más de 1.300 entrevistas realizadas en 79 municipios del país, revela el deterioro de las condiciones económicas de las familias y la pérdida de poder adquisitivo provocada por la inflación, la escasez y la depreciación del peso cubano.

La situación es todavía más grave entre los adultos mayores. Nueve de cada diez personas mayores de 61 años reconocen haber omitido alguna comida durante el período analizado. Solo el 19 % de los encuestados afirma no haber tenido que saltarse ninguna de las tres comidas principales.

El informe señala que el 63 % de los hogares tiene dificultades incluso para adquirir productos esenciales. Apenas el 6 % de la población dispone de recursos para realizar compras más allá de las necesidades básicas, mientras que un 30 % consigue cubrir solamente sus requerimientos primarios.

La precariedad económica también queda reflejada en los ingresos familiares. El 68 % de los hogares declara recibir menos de 20.001 pesos cubanos mensuales, una cantidad que se encuentra muy por debajo del umbral de pobreza extrema utilizado como referencia en el estudio.

Los jubilados enfrentan una situación especialmente delicada. El OCDH señala que el 47 % de los mayores de 60 años recibe ingresos inferiores a la pensión mínima oficial de 3.056 pesos mensuales.

La falta de recursos y alimentos hace que este grupo tenga enormes dificultades para garantizar una alimentación adecuada. La situación afecta tanto a quienes dependen exclusivamente de las pensiones estatales como a aquellos hogares que combinan diferentes fuentes de ingresos.

El encarecimiento de los alimentos también ha reducido el impacto de los productos subsidiados que tradicionalmente han servido como apoyo para las familias cubanas. Aunque las remesas representan una ayuda para quienes las reciben, su efecto se ve limitado por el aumento de los precios y la escasez.

El costo de los alimentos contrasta fuertemente con los ingresos de la población. Como referencia, el Food Monitor Program calculó en agosto de 2025 en 41.735 pesos el costo de una canasta básica alimentaria para dos personas en La Habana.

El OCDH sitúa la crisis alimentaria entre las principales preocupaciones de los cubanos, junto con los apagones y el incremento del costo de vida.

La situación también está acompañada por un fuerte escepticismo hacia las reformas económicas anunciadas por el Gobierno. El 84 % de los encuestados no espera mejoras como consecuencia de esas medidas, mientras que solo un 6 % mantiene alguna expectativa favorable.

Ante este panorama, el 77 % de los consultados expresa su preferencia por cambios tanto económicos como políticos en Cuba.

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