La Corte Suprema de Estados Unidos se encuentra analizando un caso de gran relevancia: la demanda presentada por Exxon Mobil Corporation contra las empresas estatales cubanas CIMEX S.A. y la Unión Cuba Petróleo (CUPET).

El litigio gira en torno al uso de propiedades que fueron confiscadas por el régimen de Fidel Castro en 1960, incluyendo una refinería y más de 100 estaciones de servicio operadas entonces por la antigua Standard Oil, matriz de Exxon.

Exxon interpuso la demanda en 2019 bajo el Título III de la Ley Helms-Burton de 1996, activado ese mismo año por la administración de Donald Trump. Esta legislación permite a ciudadanos estadounidenses demandar a quienes “trafiquen” con propiedades confiscadas por el gobierno cubano tras la revolución de 1959.

Según registros oficiales, el Congreso estadounidense certificó en 1969 que Exxon perdió activos valorados en 71.6 millones de dólares, una cifra que hoy superaría los 600 millones ajustada por inflación.

Sin embargo, la compañía nunca recibió compensación por esas pérdidas.

Las empresas cubanas intentaron desestimar el caso invocando la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA), que generalmente protege a entidades extranjeras de ser juzgadas en tribunales estadounidenses. No obstante, un tribunal federal permitió que el caso siguiera su curso, amparándose en la “excepción de actividad comercial” de dicha ley. Aunque reconoció la validez del reclamo de Exxon, el tribunal desestimó la idea de que la Helms-Burton por sí sola pudiera establecer jurisdicción.

La decisión fue apelada ante la Corte del Circuito de D.C., que ratificó el fallo por mayoría de dos a uno. La mayoría sostuvo que la FSIA debía ser la base de la jurisdicción, mientras que el juez disidente, Raymond Randolph, argumentó que el Título III otorgaba una causa de acción autónoma a ciudadanos estadounidenses afectados por expropiaciones.

En diciembre de 2024, Exxon llevó el caso a la Corte Suprema, solicitando una revisión del fallo. La compañía advirtió que exigir cumplimiento con las excepciones de la FSIA podría dejar sin justicia a numerosos demandantes cuyos casos no encajen en esas excepciones.

Este proceso podría tener implicaciones significativas para el futuro de la Ley Helms-Burton, que ha generado más de 8.800 reclamaciones desde 2019, aunque hasta la fecha ninguna ha resultado en compensaciones efectivas. Se espera que el máximo tribunal emita un fallo antes de que concluya el mes de mayo.

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