La Corte Suprema de los Estados Unidos analiza actualmente dos casos que podrían marcar un antes y un después en la relación jurídica entre Estados Unidos y el régimen cubano. Si el máximo tribunal respalda a los demandantes, podría abrirse la puerta a una ola de demandas multimillonarias contra entidades vinculadas al castrismo por propiedades confiscadas tras la Revolución de 1959.

Ambos procesos están relacionados con el Título III de la Ley Helms-Burton, una norma aprobada en 1996 que permite a ciudadanos y empresas estadounidenses demandar en tribunales de EEUU a quienes “trafiquen” con bienes que fueron confiscados por el gobierno cubano sin compensación. Aunque esta disposición estuvo suspendida durante años por razones diplomáticas, fue activada en 2019, lo que reactivó reclamaciones históricas.

El primer caso involucra a la empresa Havana Docks Corporation, que poseía los derechos de operación del puerto de La Habana cuando Fidel Castro llegó al poder. La compañía demanda a varias líneas de cruceros por haber utilizado los muelles entre 2016 y 2019, durante el acercamiento diplomático impulsado por la administración de Barack Obama.

Entre las compañías señaladas se encuentran Royal Caribbean, Norwegian Cruise Line, Carnival Corporation y MSC Cruises. En 2022, un juez federal falló a favor de Havana Docks y ordenó una indemnización superior a los 400 millones de dólares. Sin embargo, en 2024, el Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito revocó la decisión al considerar que la concesión original había expirado en 2004, lo que debilitaba la reclamación por daños posteriores.

El segundo caso tiene como protagonista a Exxon Mobil, que demanda a las entidades estatales cubanas CIMEX y CUPET por la confiscación de refinerías e infraestructura petrolera. Aquí el debate gira en torno a la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras, que generalmente protege a los Estados extranjeros de ser demandados en tribunales estadounidenses. Los demandantes sostienen que el Título III constituye una excepción válida a esa inmunidad.

Lo que está en juego no es solo una compensación económica. Según datos oficiales, existen casi 6.000 reclamaciones certificadas por confiscaciones en Cuba, valoradas en cerca de 2.000 millones de dólares, sin contar intereses acumulados durante décadas.

La decisión que tome la Corte Suprema antes de junio de 2026 podría redefinir el alcance de la justicia internacional en casos de expropiación. Para miles de cubanos dentro y fuera de la Isla, el fallo representa algo más que cifras: simboliza la posibilidad de que, por primera vez en más de seis décadas, el poder enfrente consecuencias legales concretas.

Fuente: Periódico Cubano

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