Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos avaló este viernes una controvertida política impulsada por el Gobierno de Donald Trump que permite la detención de inmigrantes indocumentados sin derecho a solicitar libertad bajo fianza, incluso en casos de personas que han residido durante décadas en el país. El fallo representa una victoria clave para la Casa Blanca en su intento de reforzar la política de deportaciones masivas.

La decisión, adoptada por votación dividida de 2 a 1 en el Quinto Tribunal de Apelaciones, con sede en Nueva Orleans, tendrá efectos directos en Texas, Luisiana y Misisipi. En esos estados, las autoridades migratorias podrán mantener detenidos a numerosos inmigrantes sin ofrecerles audiencias de fianza ante jueces de inmigración, una opción que durante años estuvo disponible para quienes no tenían antecedentes penales y eran arrestados lejos de la frontera.

Hasta ahora, miles de jueces federales en todo el país habían considerado ilegal esta política, implementada por la administración Trump el año pasado. Sin embargo, este fallo marca la primera vez que una corte de apelaciones la respalda, lo que podría allanar el camino para que el asunto llegue finalmente a la Corte Suprema.

La opinión mayoritaria fue redactada por la jueza Edith Jones, nombrada por el expresidente Ronald Reagan, y contó con el respaldo del juez Kyle Duncan, designado por Trump. Ambos sostuvieron que, aunque gobiernos anteriores optaron por aplicar de forma más limitada las facultades de detención, la ley siempre otorgó al Ejecutivo la autoridad para actuar con mayor rigor.

“El hecho de que administraciones pasadas decidieran no utilizar toda su capacidad de aplicación no significa que carecieran de la autoridad para hacerlo”, escribió Jones en el fallo.

Durante décadas, la práctica habitual permitió que inmigrantes indocumentados detenidos dentro del país, sin historial criminal y con arraigo en sus comunidades, pudieran solicitar libertad bajo fianza mientras se resolvían sus procesos migratorios. Esa política contrastaba con el trato aplicado a quienes eran detenidos en la frontera, sometidos a procedimientos de expulsión acelerada sin opción de fianza.

La jueza Dana Douglas, nombrada por el expresidente Joe Biden, emitió una dura opinión disidente. Advirtió que la decisión podría abrir la puerta a la detención indefinida sin fianza de hasta dos millones de personas que viven en Estados Unidos sin estatus legal.

“El Gobierno hoy invoca la autoridad para detener a millones de no ciudadanos en el interior del país, algunos presentes aquí durante décadas, bajo las mismas condiciones que si hubieran sido detenidos en la frontera”, escribió Douglas. Según la magistrada, esta interpretación rompe con una de las distinciones fundamentales del derecho migratorio estadounidense y carece de precedentes históricos.

La jueza también alertó sobre las consecuencias humanas y legales del fallo, señalando que los inmigrantes detenidos sin audiencia de fianza se verían obligados a recurrir a complejos procesos judiciales federales para intentar recuperar su libertad, aun sin representar un riesgo para la comunidad.

Fuente: CNN

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