En un movimiento que redefine el aparato estatal venezolano, la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez ordenó la eliminación y liquidación de siete organismos adscritos al Ministerio del Poder Popular para el Despacho de la Presidencia, estructuras que durante años formaron parte del engranaje político y social del chavismo bajo el mandato de Nicolás Maduro.

La decisión quedó plasmada en el Decreto N.º 5.248, que instruye una reorganización institucional con efecto inmediato tras su publicación en Gaceta Oficial. El proceso contempla la creación de juntas liquidadoras encargadas de revisar bienes, cerrar operaciones administrativas y redistribuir competencias.

Entre las entidades eliminadas figura el Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (Cesppa), creado en 2013 para centralizar información sensible en materia de seguridad, defensa e inteligencia. Su función era coordinar el flujo informativo estratégico del Estado.

También fue suprimida la Fundación Propatria 2000, encargada de ejecutar obras de infraestructura y proyectos especiales. Esta institución estuvo envuelta en cuestionamientos por presuntas irregularidades en contrataciones, sobreprecios y proyectos inconclusos, incluyendo iniciativas como los llamados “Gimnasios Verticales”.

La reestructuración alcanza además a la Fundación Misión Jóvenes de la Patria Robert Serra, dedicada a programas de formación y emprendimiento juvenil; la Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales (OPPPE), responsable de proyectos urbanísticos y arquitectónicos; y la Fundación José Félix Ribas, centrada en prevención y tratamiento de adicciones.

La lista incluye igualmente a la Fundación Movimiento Bolivariano Revolucionario de la Reserva Activa General en Jefe Félix Antonio Velásquez y a la Misión Socialista Nueva Frontera de Paz, esta última orientada a la atención de zonas fronterizas.

Aunque los entes desaparecen formalmente, parte de sus competencias serán absorbidas por otros ministerios y fundaciones. Las labores de prevención de drogas pasarán a la Fundación Misión Negra Hipólita, mientras que la gestión de la Misión Nueva Frontera de Paz será asumida por la Cancillería.

Otros organismos experimentaron traslados administrativos. El Cuerpo Nacional Contra la Corrupción y la Fundación Movimiento por la Paz y la Vida quedaron bajo el Ministerio de Interior, Justicia y Paz. La Fundación Radio Miraflores pasó al Ministerio de Comunicación e Información. Asimismo, el Consejo Nacional para el Desarrollo de las Comunidades Afrodescendientes fue adscrito al Ministerio de Educación, y el Instituto de Altos Estudios del Pensamiento Hugo Chávez quedó bajo el Ministerio de Educación Universitaria.

El decreto argumenta que la reorganización es necesaria para “adecuar la gestión pública a los objetivos actuales”. Sin embargo, el alcance de la medida sugiere un rediseño profundo del mapa institucional construido en las últimas dos décadas.

El cierre de estas estructuras no solo implica la liquidación administrativa de fundaciones y misiones emblemáticas, sino también una reconfiguración del control político y presupuestario dentro del Ejecutivo. En un contexto de presión económica y necesidad de optimización del gasto público, la decisión abre interrogantes sobre el futuro de los programas sociales y los mecanismos de seguridad que marcaron la etapa más expansiva del chavismo.

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