El Congreso de la República destituyó al presidente peruano José Jerí en un pleno extraordinario que marca un nuevo capítulo en la inestabilidad política del país andino. Jerí, quien había asumido el cargo apenas cuatro meses atrás tras la salida de Dina Boluarte, fue censurado luego de enfrentar siete mociones presentadas en su contra.

La decisión fue adoptada con 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones, tras una sesión que se extendió por más de cuatro horas. Las mociones fueron acumuladas y votadas en conjunto, luego de que el Parlamento rechazara una maniobra previa que buscaba reemplazar la censura por una vacancia presidencial para dilatar el proceso hasta marzo.

Jerí había llegado al poder por sucesión constitucional el 10 de octubre de 2025, en su condición de titular del Congreso, cargo para el que fue elegido el 26 de julio del mismo año. Sin embargo, su mandato de 130 días quedó marcado por polémicas que erosionaron rápidamente su legitimidad.

El detonante principal fue el llamado “Chifagate”, un escándalo vinculado a reuniones no registradas que sostuvo con el empresario de origen chino Zhihua Yang, propietario del restaurante Xin Yan y del establecimiento Market Capón, además de proveedor del Estado peruano. Imágenes difundidas por la prensa mostraron al mandatario ingresando encapuchado a un restaurante en el distrito limeño de San Borja, fuera de todo registro oficial.

Las revelaciones desataron sospechas sobre presunto tráfico de influencias y contrataciones irregulares en Palacio de Gobierno. Reportes periodísticos señalaron que personas allegadas al entorno presidencial habrían sido incorporadas al Estado mediante el Fondo de Apoyo Gerencial (FAG), pese a no contar con experiencia en el sector público.

La Contraloría General solicitó expedientes y comprobantes de pago relacionados con dichas contrataciones, mientras que la Fiscalía Anticorrupción abrió una investigación preliminar contra los que resulten responsables. Aunque por su investidura Jerí no podía ser incluido inicialmente en la pesquisa, no se descartaba su eventual incorporación.

El desgaste político fue acelerado. Encuestas de Ipsos e Imasen reflejaron un aumento drástico en la desaprobación ciudadana: 61% según Ipsos y 70,4% según Imasen. Además, el 78% de los consultados consideró que existían indicios de corrupción en el comportamiento del presidente.

A la controversia se sumaron reportajes sobre presuntas reuniones privadas con congresistas, ministros y personas vinculadas a una supuesta red de prostitución en el Parlamento, así como visitas reiteradas de jóvenes que luego habrían obtenido contratos estatales. Las filtraciones de mensajes e imágenes en redes sociales profundizaron la crisis de credibilidad.

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