Los congresistas demócratas Pramila Jayapal y Jonathan Jackson concluyeron una visita de cinco días a Cuba con una declaración en la que responsabilizan principalmente a las sanciones de Estados Unidos por la grave crisis que atraviesa la isla, en línea con el discurso sostenido por el régimen.

Ambos legisladores, con trayectoria en causas progresistas y derechos civiles, aseguraron haber constatado una situación humanitaria crítica durante su estancia. En su comunicado, denunciaron lo que calificaron como un “bloqueo ilegal de combustible” y un “castigo colectivo”, señalando que las restricciones energéticas habrían agravado el colapso de servicios esenciales como la salud, el transporte y el acceso al agua.

Según relataron, observaron dificultades en hospitales, incluyendo riesgos para recién nacidos en incubadoras debido a los apagones, así como problemas para el funcionamiento de escuelas y tratamientos médicos por falta de recursos. También afirmaron que la producción de alimentos en la isla apenas cubre una fracción de las necesidades de la población.

Sin embargo, su posicionamiento ha generado cuestionamientos por omitir el papel determinante del modelo político y económico cubano en el deterioro sostenido del país. Durante décadas, el sistema centralizado ha mostrado ser incapaz de garantizar eficiencia productiva, abastecimiento básico ni estabilidad energética, incluso en períodos en que contó con apoyo externo significativo.

Los congresistas afirmaron haber escuchado “una amplia variedad de voces”, incluyendo ciudadanos, empresarios, líderes religiosos y disidentes, y concluyeron que existe consenso en la necesidad de eliminar las sanciones. No obstante, diversas voces independientes dentro y fuera de Cuba insisten en que la crisis no puede explicarse únicamente por factores externos.

En su declaración, Jayapal y Jackson también señalaron supuestas señales de apertura por parte del gobierno cubano, mencionando la liberación de más de 2.000 prisioneros y ciertas reformas económicas. Sin embargo, no ofrecieron detalles sobre el perfil de los liberados ni abordaron las denuncias de represión contra opositores, activistas y periodistas independientes.

Asimismo, destacaron el crecimiento de pequeñas y medianas empresas privadas en la isla. No obstante, este sector continúa operando bajo fuertes restricciones estatales, sin un marco de libertad económica real ni garantías jurídicas sólidas.

El encuentro de los congresistas con Miguel Díaz-Canel sirvió además como plataforma para que el gobernante cubano reiterara su narrativa sobre el impacto del embargo, sin que se produjeran cuestionamientos públicos visibles sobre la falta de reformas estructurales o la situación de los derechos humanos en el país.

Los legisladores concluyeron abogando por un cambio en la política de Washington hacia La Habana y por el inicio de negociaciones bilaterales. Sin embargo, analistas advierten que cualquier mejora sostenible en las condiciones de vida de los cubanos pasa no solo por cambios externos, sino también por transformaciones profundas dentro del propio sistema.

Fuente: Cubadebate

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