Tres congresistas republicanos del sur de Florida solicitaron a la administración del presidente Donald Trump revisar y revocar licencias comerciales que, según denuncian, permiten que empresas estadounidenses realicen transacciones que terminan beneficiando al régimen cubano.

Carlos A. Giménez, Mario Díaz-Balart y María Elvira Salazar enviaron una carta al director de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), Bradley Smith, y al subsecretario de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio, Jeffrey Kessler, en la que expresan su “profunda preocupación” por operaciones que, a su juicio, contradicen el espíritu del embargo y la legislación vigente.

En la misiva, los legisladores argumentan que determinadas licencias de exportación —que superarían los 100 millones de dólares— estarían facilitando el envío de bienes a entidades estatales cubanas, incluidas empresas controladas por el conglomerado militar. Subrayan que estas autorizaciones podrían proporcionar recursos financieros o materiales que, directa o indirectamente, fortalezcan estructuras vinculadas a la represión interna.

Los congresistas citan la Ley de Libertad y Solidaridad Democrática Cubana (LIBERTAD), también conocida como Ley Helms-Burton, aprobada en 1996. Según recuerdan, el Título I de esa legislación establece que las sanciones deben mantenerse hasta que en Cuba se produzcan avances concretos hacia un gobierno democrático, el respeto del estado de derecho y las libertades fundamentales.

Asimismo, señalan que las secciones 102 y 103 reflejan la voluntad del Congreso de evitar cualquier forma de asistencia que proporcione apoyo a empresas estatales que perpetúen la represión del pueblo cubano. A su entender, algunas licencias vigentes estarían en conflicto con esa intención legislativa.

En su petición, los representantes solicitan una auditoría exhaustiva de todas las licencias activas que autorizan relaciones comerciales o financieras con entidades estatales cubanas, así como la revocación de aquellas que otorguen beneficios económicos directos o indirectos al régimen. También instan a un mayor escrutinio de futuras solicitudes relacionadas con exportaciones hacia la isla.

El llamado se produce en un contexto de creciente presión económica sobre Cuba, cuyo gobierno ha advertido sobre un escenario de agudo desabastecimiento de combustible y posibles medidas de emergencia. Sin embargo, los legisladores defienden que endurecer la aplicación de las sanciones es coherente con la política estadounidense hacia un país designado como patrocinador del terrorismo.

En declaraciones públicas y mensajes en redes sociales, María Elvira Salazar insistió en que las sanciones buscan cortar los recursos del régimen y frenar la represión. Sus colegas coincidieron en que cualquier excepción que permita flujo de ingresos hacia estructuras estatales socava los objetivos centrales de la política exterior de Estados Unidos hacia La Habana.

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