Un grupo de 30 congresistas colombianos, pertenecientes a movimientos de centro e izquierda como el Pacto Histórico, Alianza Verde, Comunes y el Partido de la U, pidió este jueves al Comité de Ética de la Cámara de Representantes de Estados Unidos abrir una investigación contra tres legisladores republicanos por presunta injerencia en los asuntos internos de Colombia.

Los congresistas señalados son Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos Antonio Giménez, todos representantes del estado de Florida, quienes habrían participado en acciones consideradas contrarias al orden constitucional colombiano. La solicitud se produce tras la publicación de un reportaje del diario El País, en el que se detalla una presunta reunión entre el excanciller colombiano Álvaro Leyva y Díaz-Balart, con el objetivo de buscar apoyo político en Washington para promover un cambio de gobierno en Colombia.

Según el medio español, Leyva habría intentado generar presión internacional sobre el presidente Gustavo Petro, e incluso planteó la posibilidad de que la vicepresidenta Francia Márquez asumiera el poder. También habría manifestado su intención de reunirse con Giménez, según la misma fuente.

Los legisladores colombianos argumentan que, de confirmarse, estos encuentros y declaraciones constituirían un acto injerencista que vulnera la soberanía del país. En el caso de Salazar, mencionan declaraciones públicas que, según los firmantes, podrían interpretarse como una deslegitimación del presidente Petro, quien fue elegido democráticamente en 2022.

El presidente Petro no ha tardado en pronunciarse. Calificó lo revelado por El País como parte de una “conspiración” que involucra al excanciller Leyva, sectores del narcotráfico y sectores de la derecha tanto en Colombia como en Estados Unidos. Recordó además que en mayo ya había acusado públicamente a Díaz-Balart de estar detrás de reuniones que, según él, buscaban coordinar un plan para destituirlo del poder.

A raíz de estas acusaciones, el senador Marco Rubio convocó a una reunión urgente con el encargado de negocios interino de la embajada estadounidense en Bogotá, John McNamara, para abordar lo que calificó como denuncias “infundadas” por parte de Petro. En respuesta, el gobierno colombiano llamó a consultas a su embajador en Washington, Daniel García-Peña.

La controversia ha tensado aún más las relaciones diplomáticas entre ambos países, en un contexto de creciente polarización política interna en Colombia. Si bien hasta ahora no hay confirmación oficial de las reuniones entre Leyva y los congresistas estadounidenses, el hecho ha encendido el debate sobre los límites de la diplomacia y la intervención extranjera.

El Comité de Ética de la Cámara de Representantes de EE.UU. no se ha pronunciado sobre la solicitud, pero los congresistas colombianos insisten en que cualquier intento de influir en el curso político de otro país debe ser investigado con seriedad y transparencia.

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