Un inmigrante hondureño en situación migratoria irregular fue condenado en Estados Unidos a ocho años de prisión por su participación en un esquema de fraude fiscal que movió cerca de 89 millones de dólares y facilitó la contratación de trabajadores indocumentados en el sector de la construcción.

Mario Flores recibió una sentencia de 96 meses de cárcel tras declararse culpable de conspirar para defraudar al Gobierno estadounidense y de participar en la operación de un negocio de transmisión de dinero sin licencia.

De acuerdo con documentos judiciales, entre 2015 y 2022 Flores y varios colaboradores crearon una red de empresas fantasma dedicada al cambio de cheques y la entrega de dinero en efectivo. El sistema permitía a contratistas y subcontratistas pagar salarios fuera de los registros oficiales, evitando el pago de impuestos sobre la nómina y la verificación de la autorización legal de los empleados para trabajar en Estados Unidos.

Las autoridades estiman que la organización procesó aproximadamente 89 millones de dólares y provocó pérdidas fiscales superiores a los 38 millones de dólares para el Gobierno federal.

La investigación también determinó que Flores presentó documentación tributaria falsa ante el Servicio de Impuestos Internos (IRS) para ocultar el funcionamiento del esquema y dar apariencia de legalidad a las operaciones.

Además del fraude tributario, los implicados engañaron a compañías aseguradoras al utilizar certificados de seguros de compensación laboral de forma fraudulenta y suministrar información falsa sobre el número de trabajadores y los salarios pagados.

El Departamento de Justicia afirmó que este tipo de operaciones favorece la economía informal y perjudica tanto a los contribuyentes como a las empresas que cumplen con sus obligaciones fiscales.

"Esta sentencia envía un mensaje contundente a quienes intentan enriquecerse mediante fraudes fiscales y la contratación ilegal de trabajadores", señalaron funcionarios del Departamento de Justicia al anunciar el fallo.

La investigación fue desarrollada por la División de Investigación Criminal del IRS con el apoyo de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y la colaboración de varias agencias federales y estatales, entre ellas el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la Patrulla de Carreteras de Florida, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos y el Departamento de Aplicación de la Ley de Florida.

Otros integrantes de la organización también fueron condenados. Iris Villafranca recibió una pena de 17 años de prisión y fue obligada a restituir más de 38 millones de dólares y entregar 89 millones obtenidos mediante el fraude. Osman Zapata fue sentenciado a más de cuatro años de cárcel, mientras que Francisco Álvarez recibió libertad condicional y una orden de restitución millonaria. Otro de los acusados, Michael Mayorga, permanece a la espera de sentencia.

Fuente: Departamento de Justicia de EE.UU.

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