La Sala Primera de lo Penal del Tribunal Provincial Popular de Artemisa celebró un juicio oral y público con carácter ejemplarizante contra un hombre acusado de cometer un delito de sabotaje tras sustraer aceite dieléctrico de una subestación eléctrica en el municipio de Artemisa.

De acuerdo con la información oficial, los hechos ocurrieron el pasado 12 de febrero de 2026, cuando el acusado, procedente de La Habana y motivado presuntamente por el interés de obtener beneficios económicos, se trasladó hasta la Subestación Eléctrica ubicada en las cercanías del poblado de Cayajabos.

Según expuso el tribunal, el individuo penetró en la instalación tras escalar el cercado perimetral y, utilizando un pedazo de tubo de hierro y una piedra, logró desprender el tapón roscado de uno de los transformadores eléctricos. Posteriormente extrajo alrededor de 70 litros de aceite dieléctrico, que almacenó en tres recipientes.

Las autoridades señalaron que el combustible robado fue trasladado hacia un cañaveral cercano, donde agentes de la Policía Nacional Revolucionaria lograron recuperar los tanques y efectuar la detención del sospechoso.

La Fiscalía calificó el hecho como un delito de sabotaje, previsto en el Artículo 125, apartado 1, incisos a) y ñ) del Código Penal vigente en Cuba. Durante el proceso judicial, el tribunal consideró que las acciones tuvieron una elevada peligrosidad social debido a las afectaciones potenciales sobre el sistema eléctrico y los servicios básicos de la zona.

La subestación afectada suministra energía a unos 3.940 habitantes, además de ocho fuentes de abasto de agua, dos panaderías, seis escuelas primarias, un centro recreativo y 29 centros estatales vinculados a la producción.

Las autoridades judiciales sostuvieron que este tipo de acciones impacta directamente en el funcionamiento de servicios esenciales para la población y agrava la ya compleja situación energética que enfrenta el país.

Tras evaluar las pruebas presentadas, así como las características personales del acusado, el tribunal impuso una sanción de 12 años de privación de libertad. Como penas accesorias también se decretó la privación de determinados derechos y la prohibición de salida del territorio nacional.

La corte precisó que tanto la Fiscalía como el acusado tienen derecho a impugnar la sentencia mediante recurso de casación ante la sala correspondiente del Tribunal Supremo Popular.

En los últimos años, las autoridades cubanas han incrementado los juicios catalogados como “ejemplarizantes” contra delitos relacionados con el sistema eléctrico, en medio de una crisis energética marcada por apagones frecuentes, deterioro de infraestructuras y creciente robo de materiales y combustible.

Fuente: Telecentro ARTV Artemisa

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