Agentes federales de Estados Unidos están visitando viviendas en varios estados para preguntar a sus residentes sobre su situación migratoria y si se han registrado para votar o han participado en elecciones, como parte de una operación destinada a detectar posibles casos de votación ilegal antes de las elecciones legislativas de noviembre.

Los agentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), armados y uniformados, han acudido a distintos domicilios para realizar preguntas relacionadas con la ciudadanía y el historial electoral de sus ocupantes, según una investigación publicada por CBS News.

La iniciativa forma parte de los esfuerzos de la Administración del presidente Donald Trump para identificar a personas que no son ciudadanas estadounidenses y que podrían haberse inscrito en los registros electorales o emitido votos de manera ilegal.

El DHS ha afirmado que hasta 250.000 no ciudadanos podrían estar registrados para votar ilegalmente. Sin embargo, expertos electorales cuestionan la precisión de esa cifra y advierten sobre las dificultades para identificar correctamente a quienes no reúnen los requisitos para participar en elecciones federales.

Aunque la legislación federal prohíbe a los no ciudadanos votar en las elecciones federales, los datos disponibles indican que los casos de este tipo son poco frecuentes en comparación con el número total de votantes.

Desde el inicio de la segunda Administración Trump, el Departamento de Justicia ha presentado cargos relacionados con fraude electoral contra 156 personas, según las cifras citadas en la investigación periodística.

La diferencia entre las acusaciones del Gobierno y los casos que han llegado a los tribunales ha alimentado el debate sobre el alcance real del problema y la proporcionalidad de los recursos destinados a investigarlo.

Estados Unidos cuenta con aproximadamente 227 millones de votantes registrados, una cifra que pone en perspectiva la magnitud de las sospechas planteadas por las autoridades federales.

La operación se desarrolla en un contexto de creciente controversia por los intentos de la Administración Trump de ampliar el acceso federal a los registros electorales estatales y verificar la ciudadanía de los votantes.

Funcionarios electorales y organizaciones defensoras del derecho al voto han expresado preocupación por la posibilidad de que errores en las bases de datos o identificaciones incorrectas afecten a ciudadanos estadounidenses que sí tienen derecho a votar.

También existe inquietud por el uso de información personal y migratoria recopilada durante las investigaciones, así como por las consecuencias que podrían enfrentar personas identificadas erróneamente.

La Constitución estadounidense y las leyes electorales establecen requisitos específicos para participar en los comicios federales, mientras que la administración de las elecciones recae en gran medida sobre los estados.

Con las elecciones legislativas de noviembre cada vez más cerca, la búsqueda de posibles votantes no ciudadanos se suma a la disputa política y judicial sobre la seguridad electoral, la privacidad de los ciudadanos y el alcance de las competencias del Gobierno federal.

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