El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) ha comenzado a notificar a miles de migrantes cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos sobre la revocación de su estatus legal bajo el parole humanitario. La medida, que afecta a quienes ingresaron al país bajo este programa, establece que deben abandonar el territorio estadounidense antes del 24 de abril de 2025 o enfrentarán un proceso de deportación.

Según el comunicado oficial, los beneficiarios del parole deben salir voluntariamente del país antes de la fecha establecida para evitar sanciones migratorias. Aquellos que incumplan con la orden podrán enfrentar una expulsión acelerada bajo la sección 235 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) o someterse a un proceso de deportación conforme a la sección 240 de la misma ley.

Además, la notificación advierte que los migrantes que permanezcan en EE.UU. tras la fecha límite comenzarán a acumular presencia ilegal. Si una persona acumula más de 180 días en esta condición y posteriormente abandona el país, podría ser declarada inadmisible para reingresar por un periodo determinado.

Para quienes opten por salir de EE.UU. por vía terrestre, se les exige notificar su salida a través de la aplicación móvil CBP Home, según detalla el documento enviado por el DHS.

Junto con la cancelación del parole, también se revoca la autorización de empleo otorgada a estos migrantes. El aviso oficial indica que la validez de dichos permisos expirará el 24 de abril de 2025, salvo que el beneficiario presente evidencia de que mantiene un estatus legal bajo la sección 212(d)(5)(A) de la INA.

No obstante, presentar evidencia de un estatus legal vigente no impedirá la revocación del parole humanitario inicialmente otorgado a ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.

El 25 de marzo de 2025, el DHS anunció el fin definitivo de los programas de parole humanitario para ciudadanos de los mencionados países y sus familiares inmediatos. Este programa, implementado en 2023 bajo la administración de Joe Biden, permitió la entrada a EE.UU. de más de 532,000 personas con un permiso temporal, siempre que contaran con un patrocinador financiero en el país.

La cancelación del parole afecta principalmente a quienes no han solicitado un estatus migratorio permanente, como el asilo político o la residencia a través de la Ley de Ajuste Cubano. Se estima que aproximadamente 26,000 cubanos que ingresaron después de marzo de 2024 aún no cumplen con el requisito de un año de presencia física necesario para acogerse a esta ley, lo que deja su situación migratoria en un limbo.

La medida representa un golpe significativo para miles de migrantes que, hasta ahora, confiaban en la estabilidad de este programa para regularizar su estatus en EE.UU. Con la revocación del parole, muchos podrán enfrentarse a la deportación o quedar en una situación migratoria precaria sin acceso a beneficios laborales y legales.

La decisión del DHS ha generado reacciones mixtas. Mientras algunos sectores argumentan que el parole fue concebido como una medida temporal y que su cancelación responde a una política migratoria más estricta, organizaciones de derechos humanos y grupos de apoyo a migrantes han expresado preocupación por el impacto de esta decisión en miles de personas que han construido sus vidas en EE.UU.

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