En Las Tunas, el reciente fallo judicial que condena a entre 11 y 13 años de prisión a cinco ciudadanos cubanos por el robo en la empresa estatal de productos alimenticios ha vuelto a poner en evidencia la tensión entre la ciudadanía y el sistema judicial en la Isla. La televisora local informó sobre las penas impuestas, que reflejan la severidad con que se juzgan los delitos económicos que afectan al patrimonio estatal.

El caso, que a primera vista parece un simple robo, adquiere relevancia social y política en un contexto donde la crisis económica y la escasez de alimentos presionan a la población. Muchos ciudadanos observan que los trabajadores cubanos enfrentan un entorno de vulnerabilidad, con bajos salarios y falta de acceso a bienes básicos, lo que incrementa la percepción de que actos como este no surgen en el vacío, sino como resultado de un sistema que deja poco margen de subsistencia.

Las condenas ejemplifican, según expertos, la lógica punitiva que prevalece sobre el enfoque preventivo y social. Mientras los medios oficiales destacan la protección del patrimonio estatal, voces independientes y ciudadanos comunes señalan que detrás de cada robo hay historias de necesidad, dificultades familiares y un contexto económico que el gobierno no ha sabido resolver de manera efectiva. La percepción de justicia se ve cuestionada cuando las penas aplicadas son consideradas desproporcionadas respecto a la realidad material de los acusados.

Este episodio también refleja la fragilidad de la confianza en las instituciones estatales. La población observa que, pese a los esfuerzos de control, la administración de recursos y la supervisión de empresas estatales siguen siendo insuficientes, mientras los trabajadores enfrentan condiciones laborales precarias y limitadas oportunidades de desarrollo económico. Algunos analistas opinan que casos de robo en empresas estatales no solo evidencian faltas individuales, sino también la incapacidad de un sistema centralizado para garantizar bienestar y seguridad económica a sus ciudadanos.

Además, el fallo judicial coincide con una creciente preocupación por la justicia en Cuba: la severidad de las penas y la rapidez de los procesos generan debate sobre si el sistema legal prioriza la protección del Estado sobre la protección de las personas. La situación evidencia la tensión entre la necesidad de sancionar delitos y la urgencia de atender las causas subyacentes de la desigualdad y la escasez que enfrentan los trabajadores cubanos.

El fallo ha levantado muchos comentarios entre ellos el de la usuaria de redes Adisleidyds Milan Pacheco que puede resumirlos: “¿Por qué no enjuician a los que llevan más de 60 años robando al pueblo y no un poquito de arroz, le han robado hasta las ganas de vivir?. No se justifica que nadie robe, pero la culpa es del sistema corrupto que tiene Cuba. Nadie tiene un salario decente, el cubano tiene que robar para sobrevivir”.

Este reclamo resume la frustración y el sentir de miles de cubanos que enfrentan día a día la desigualdad, la precariedad y un sistema que castiga a los pequeños mientras protege a los poderosos.

Del perfil de Rolando Nápoles

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