La condena a cinco años de prisión impuesta al rapero y artista independiente cubano Nando Obdc, nombre artístico de Fernando Almenares Rivera, reaviva las denuncias sobre el uso del sistema penal en Cuba para frenar la protesta pacífica y la creación artística con contenido social. El fallo judicial se produce tras un proceso que organizaciones de derechos humanos califican de desproporcionado y motivado políticamente.

De acuerdo con reportes de Infobae y ADN Cuba, la sanción se basa en una acción ocurrida en 2024, cuando el artista colocó carteles y mensajes visibles en un tramo de la Carretera Monumental, en La Habana, con consignas que pedían cambios políticos y respeto a los derechos fundamentales. Aunque se trató de una manifestación simbólica y no violenta, las autoridades la interpretaron como un acto de “propaganda contra el orden constitucional”, figura penal frecuentemente utilizada contra voces críticas.

El tribunal no solo tomó en cuenta la acción en sí, sino también aspectos de la vida personal y social del acusado, incluyendo sus vínculos con personas consideradas opositoras al gobierno. Para activistas, este enfoque confirma que la condena responde más a criterios ideológicos que a un daño real contra la seguridad pública. Además, se ha señalado que no existían antecedentes penales previos en el historial del artista.

La detención de Obdc ocurrió a finales de 2024, cuando agentes de seguridad lo arrestaron en su vivienda sin presentar orden judicial, según denunció su familia. Posteriormente fue trasladado a distintos centros de detención y permaneció largos períodos sin comunicación con el exterior. En 2025, el artista llegó a declararse en huelga de hambre como forma de protesta por la prolongación del proceso y la falta de información sobre su situación legal.

Organizaciones independientes sostienen que durante el juicio no se presentaron pruebas sólidas que demostraran una amenaza concreta al orden público, y que la defensa tuvo escasas oportunidades para contradecir los argumentos de la fiscalía. Por ello, consideran que el proceso careció de garantías básicas y se inscribe dentro de un patrón de criminalización de la disidencia.

El caso de Nando Obdc se suma al de otros creadores, músicos y activistas que han sido sancionados por expresar inconformidad con la realidad social y política del país. Para defensores de derechos humanos, estas condenas envían un mensaje intimidatorio a la ciudadanía: manifestarse públicamente, incluso de forma pacífica y artística, puede tener consecuencias penales severas.

Mientras crece la presión internacional y las campañas por su liberación, la familia del artista insiste en que su único “delito” fue utilizar el arte y la palabra para reclamar dignidad y libertades. En un contexto de creciente control estatal, su encarcelamiento se ha convertido en símbolo del alto costo que enfrentan quienes deciden alzar la voz en Cuba.

Fuentes: Infobae, ADN Cuba

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