La detención de Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro y una de las figuras más influyentes del chavismo, ha sacudido el tablero político internacional y ha colocado a la llamada “primera combatiente” en el centro de un proceso judicial sin precedentes. Para Washington, su arresto no es un hecho aislado, sino el resultado de años de investigaciones sobre presuntas operaciones de narcotráfico, corrupción y uso del aparato estatal venezolano con fines criminales.

Según información divulgada por autoridades estadounidenses, Flores fue capturada junto a Maduro en el marco de un operativo ejecutado en Caracas y trasladada posteriormente a Estados Unidos para enfrentar cargos federales. La acusación la vincula a una supuesta red que habría facilitado el envío de cocaína hacia territorio norteamericano, utilizando rutas protegidas, recursos públicos y contactos de alto nivel dentro del Estado venezolano.

Cilia Flores no es una figura secundaria dentro del chavismo. Abogada de formación, fue presidenta de la Asamblea Nacional en 2006 y ocupó cargos clave durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Tras la llegada de su esposo al poder, su influencia se consolidó aún más, asumiendo un rol político activo y una presencia constante en decisiones estratégicas del Ejecutivo.

El nombre de Flores lleva años bajo el radar de agencias estadounidenses. Uno de los episodios que más dañó su imagen internacional fue el caso de los llamados “narcosobrinos”, dos familiares directos condenados en EE. UU. por conspiración para traficar grandes cantidades de cocaína. A partir de entonces, el entorno familiar de la primera dama quedó marcado por sospechas de vínculos con el narcotráfico.

En 2018, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones contra Flores, congeló activos y la señaló como parte del círculo que sostenía financieramente al régimen de Maduro. La acusación actual, presentada en el Distrito Sur de Nueva York, la coloca al mismo nivel penal que su esposo, con cargos que incluyen narcoterrorismo y tráfico internacional de drogas.

Para el gobierno venezolano, el proceso es descrito como una agresión política; para Washington, se trata de un caso criminal sustentado en pruebas acumuladas durante años. Mientras tanto, la figura que durante décadas encarnó poder e influencia en Caracas enfrenta ahora el escenario más adverso de su carrera: responder ante la justicia estadounidense.

Fuentes: AP, El País, Directorio Noticias

Recomendado para ti