El gobierno de Donald Trump aprobó una medida que amplía las deportaciones aceleradas de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos. Esta política, conocida como "expulsión expedita", otorga a los funcionarios de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) más poder para deportar rápidamente a personas que no puedan demostrar su estancia en el país por más de dos años.

La Casa Blanca insiste que la prioridad son los indocumentados peligrosos: "En las últimas veinticuatro horas, ICE arrestó a más de 308 delincuentes graves. Algunos de ellos eran asesinos, violadores. ICE está teniendo un excelente desempeño en este momento en el campo y continuará haciéndolo todos los días", expresó Tom Homan, el llamado “Zar de la frontera” quien ratificó que las redadas no son para cualquier tipo de inmigrante indocumentado. Los agentes de ICE tienen objetivos específicos, bien estudiados y no van a detenerse hasta encontrarlos.

Donald Trump ha alertado en varias ocasiones que todo inmigrante ilegal en Estados Unidos terminará siendo deportado, de un modo u otro. En las últimas horas se informó que las deportaciones aceleradas no estarán limitadas a las áreas cercanas a la frontera ni a quienes han ingresado recientemente al país.

Ahora, cualquier persona sin documentos, en cualquier parte de Estados Unidos, podría ser deportada sin pasar por el sistema judicial de inmigración, un cambio que ha generado alarma en las comunidades migrantes, incluidas la cubana.

Anteriormente, la deportación acelerada se aplicaba únicamente a indocumentados detenidos a menos de 100 millas de una frontera y que hubieran estado en el país menos de dos semanas. Ahora, las reglas han cambiado drásticamente, lo que permite que ICE expulse a cualquier inmigrante que no pueda probar que lleva más de dos años en el país.

Esto significa que no habrá necesidad de presentarse ante un juez de inmigración, un proceso que antes podía extenderse por años debido a la acumulación de casos en los tribunales.

El Departamento de Seguridad Nacional señaló que esta medida busca "reducir costos gubernamentales y garantizar una deportación más rápida de quienes no tienen derecho a permanecer en el país".

Para algunos cubanos en Estados Unidos que no han logrado regularizar su estatus migratorio, esta política representa un golpe adicional en un contexto ya complicado. Los arrestos podrían ocurrir en cualquier momento y lugar, incluso en zonas consideradas seguras.

Las organizaciones de derechos humanos y los abogados de inmigración han advertido sobre los riesgos de estas medidas, señalando que podrían aumentar las detenciones arbitrarias y dejar a muchas personas sin la oportunidad de defender su caso en un tribunal.

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