El régimen cubano anunció el inicio de un nuevo proceso de recolección de firmas que se desarrollará entre el 24 y el 30 de septiembre en todos los centros laborales, estudiantiles y comunitarios de la isla. Según el discurso oficial, la iniciativa busca respaldar la “Declaración del Gobierno Revolucionario” en la que se exige impedir una supuesta agresión militar de Estados Unidos contra Venezuela.

La convocatoria, presentada por el Partido Comunista de Cuba (PCC), describe a Nicolás Maduro como el “legítimo presidente de la nación suramericana” y plantea que la movilización de rúbricas será una muestra de apoyo a la llamada Revolución Bolivariana y a la alianza entre el pueblo, los militares y la policía venezolana.

No obstante, esta narrativa ignora el hecho ampliamente documentado de que Maduro se mantiene en el poder gracias a lo que ha sido señalado por la oposición venezolana y por múltiples observadores internacionales como uno de los mayores fraudes electorales de América Latina. El régimen venezolano nunca mostró las actas reales que respaldaran los resultados proclamados, lo que dejó en evidencia la manipulación del proceso.

En Cuba, este tipo de iniciativas son habituales y responden a directrices políticas del PCC. Lejos de ser un acto voluntario, se trata de una imposición disfrazada de apoyo popular, donde trabajadores, estudiantes y ciudadanos en general se ven obligados a firmar para no exponerse a represalias laborales, académicas o sociales. El mecanismo recuerda a otros procesos de “ratificación masiva” organizados en la isla, en los que las autoridades presumen de millones de firmas, aunque en la práctica se trate de una farsa.

El encargado de oficializar esta campaña fue Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central del PCC, quien se reunió en Caracas con Maduro para reafirmar la alianza entre ambos regímenes. Según Morales Ojeda, los libros de firmas serán enviados directamente al mandatario venezolano como muestra del “respaldo del pueblo cubano”.

El calendario previsto incluye la apertura de libros en centros laborales, estudiantiles y en comunidades de todo el país, con la participación de trabajadores, campesinos, estudiantes, intelectuales, artistas y deportistas. La jornada concluirá el 30 de septiembre con actos masivos, cantatas y otras actividades de carácter político.

Más allá de la retórica, este proceso busca reforzar la narrativa del bloque La Habana-Caracas frente a la comunidad internacional. Mientras Maduro enfrenta aislamiento diplomático y sanciones por violaciones de derechos humanos y corrupción, el régimen cubano intenta proyectar la imagen de un apoyo popular sólido, aunque forzado, a su principal aliado en la región.

El trasfondo revela también la fragilidad de ambos gobiernos. En Venezuela, la represión y el control militar sostienen a un régimen cuestionado por gran parte de la ciudadanía. En Cuba, donde crece el descontento por la crisis económica y la falta de libertades, el PCC apuesta a la propaganda política para mantener la disciplina interna y reforzar su papel en los escenarios internacionales.

Este tipo de maniobras, aunque rutinarias, subrayan la naturaleza autoritaria de ambos sistemas: la firma no es un derecho ciudadano, sino una obligación impuesta desde el poder. Así, la campaña de apoyo a Maduro no refleja la voluntad genuina del pueblo cubano, sino la continuidad de un engranaje político que utiliza a la población como pieza decorativa de una estrategia de supervivencia mutua.

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