El llamado Síndrome de La Habana vuelve al centro del debate en Washington tras revelarse que el gobierno de Estados Unidos obtuvo, a finales de 2024, un dispositivo portátil que podría estar relacionado con los incidentes de salud anómalos reportados por más de 1.500 funcionarios estadounidenses desde 2016.

Según fuentes citadas por CBS News, el equipo fue adquirido de forma discreta en las últimas semanas de la administración de Joe Biden por la división de Investigaciones de Seguridad Nacional del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), utilizando fondos del Pentágono que superaron las ocho cifras. El dispositivo, lo suficientemente pequeño como para caber en una mochila, contendría componentes de origen ruso y estaría diseñado para emitir energía pulsada de radiofrecuencia.

Los investigadores creen que esta tecnología podría reproducir los síntomas asociados al Síndrome de La Habana, una condición que debe su nombre a los primeros casos reportados por diplomáticos y agentes de inteligencia estadounidenses en La Habana, Cuba. Desde entonces, se han documentado incidentes similares en decenas de países y en todos los continentes.

De acuerdo con personas familiarizadas con el asunto, el Pentágono lleva más de un año probando el dispositivo, aunque no se han hecho públicos los detalles técnicos ni los resultados de esas pruebas. Parte de la información fue compartida con comités de supervisión del Congreso el año pasado, en medio de crecientes presiones para esclarecer el origen de los incidentes.

Las víctimas del Síndrome de La Habana han descrito dolores de cabeza intensos, presión craneal, vértigo, náuseas, zumbidos y chasquidos en los oídos, así como la percepción de un sonido agudo y doloroso que cesaba al abandonar determinados espacios. En muchos casos, los efectos fueron tan severos que obligaron a los afectados a abandonar sus funciones diplomáticas o de inteligencia.

En 2023, una evaluación inicial de la comunidad de inteligencia estadounidense concluyó que era “muy improbable” que un actor extranjero estuviera detrás de estos episodios, que el gobierno denominó oficialmente Incidentes de Salud Anómalos (IAH). Esa conclusión fue reafirmada en una revisión publicada en enero de 2025. Sin embargo, dos agencias modificaron parcialmente su postura, señalando que existía una probabilidad “aproximadamente igual” de que un adversario extranjero hubiera desarrollado un dispositivo capaz de causar daños, aunque sin establecer un vínculo directo con los IAH documentados.

Actualmente, la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI) revisa las investigaciones previas sobre el Síndrome de La Habana. Fuentes cercanas al proceso aseguran que la revisión está prácticamente concluida, aunque todavía no ha sido presentada al Congreso ni hecha pública. Un portavoz del ODNI afirmó que la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, mantiene el compromiso de informar al público, pero sin apresurar conclusiones incompletas.

El caso ha reavivado críticas internas. Marc Polymeropoulos, ex alto oficial de la CIA que denunció haber sido afectado en Moscú en 2017, cuestionó duramente las evaluaciones previas. A su juicio, las agencias partieron de la premisa de que esa tecnología no existía, una suposición que ahora queda en entredicho con la aparición del dispositivo en estudio.

Para las víctimas, este giro representa algo más que un debate técnico: es la posibilidad de que, tras casi una década, el Síndrome de La Habana sea finalmente abordado con la seriedad y transparencia que reclaman desde hace años.

(Con información de CBS News)

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