Las imágenes que han salido a la luz desde la Unidad de Policía de Dragones, en La Habana, no dejan espacio para la duda ni la interpretación benévola: lo que allí ocurre constituye un trato cruel, degradante e inhumano contra ciudadanos que, en su mayoría, no tienen antecedentes penales ni han cometido delitos violentos. No se trata de criminales peligrosos, sino de personas comunes atrapadas en redadas rutinarias, víctimas de un sistema que castiga la pobreza y la indefensión.

Los testimonios coinciden en un patrón alarmante. Detenciones arbitrarias, sin explicaciones claras, sin acceso inmediato a información legal y con retenciones que pueden extenderse hasta 20 horas o más. Todo ello mientras delincuentes reales continúan operando en las calles con una impunidad que contrasta brutalmente con el rigor aplicado al ciudadano común.

Las fotografías revelan un nivel de hacinamiento extremo: decenas de personas confinadas en espacios reducidos, obligadas a permanecer de pie o a dormir directamente sobre el suelo. El estado del baño es particularmente indignante: suciedad acumulada, aguas estancadas y un olor insoportable que convierte una necesidad básica en una forma adicional de castigo. No hay condiciones mínimas de higiene, ventilación ni respeto a la dignidad humana.

Lejos de fortalecer la seguridad ciudadana, estas prácticas evidencian un abuso sistemático de poder. La policía parece más enfocada en imponer multas y justificar operativos que en enfrentar las verdaderas causas de la criminalidad. El resultado es una población atemorizada, humillada y cada vez más desconfiada de las instituciones que deberían protegerla.

Uno de los detenidos lo resumió con crudeza: “Esto no es orden ni justicia, es humillación”. Y tiene razón. La normalización de estas condiciones convierte el abuso en rutina y la arbitrariedad en política de Estado. Callar ante esto equivale a ser cómplice.

Estas imágenes no buscan el morbo ni el escándalo fácil. Son una denuncia directa, un testimonio visual de una realidad que las autoridades intentan ocultar y que muchos prefieren no ver. La exigencia es clara y legítima: trato humano, respeto a los procedimientos legales y el fin inmediato de las detenciones arbitrarias que golpean siempre a los más vulnerables.

Las fotos hablan por sí solas. Que mañana nadie diga que no sabía.

Del perfil de Yosmany Mayeta

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