Los senadores Rick Scott y Tommy Tuberville han vuelto a presentar un proyecto de ley que busca intensificar la presión sobre el régimen cubano mediante sanciones económicas y restricciones a individuos vinculados con la represión en la isla.

Bajo el nombre de Ley de Negación de Ganancias a la Oligarquía Militar en Cuba y Restricción de Actividades del Aparato de Inteligencia Cubano, también conocida como "Ley Democracia", la propuesta otorga al presidente la autoridad para bloquear activos y prohibir la entrada a Estados Unidos de personas que colaboren con los sectores de defensa, seguridad e inteligencia del gobierno cubano.

Además, la iniciativa contempla medidas para garantizar el acceso libre y sin restricciones a Internet en la isla, evitando el control y la censura por parte de las autoridades cubanas.

Rick Scott, uno de los principales impulsores del proyecto, justificó la reintroducción de la ley señalando que el gobierno cubano alberga grupos terroristas, apoya dictaduras en la región y permite la presencia de potencias extranjeras como China, Rusia e Irán en América Latina. Según Scott, la administración Biden ha debilitado la presión sobre La Habana, lo que ha facilitado la expansión de su influencia desestabilizadora en la región.

“La dictadura cubana sigue siendo una amenaza para la seguridad de EE.UU. y para la estabilidad de América Latina. Es fundamental mantener la presión y no permitir que el régimen continúe operando con impunidad”, afirmó el senador.

De acuerdo con la propuesta, las sanciones afectarían a individuos y entidades que brinden apoyo financiero, material o tecnológico al aparato militar y de inteligencia cubano. Entre los posibles sancionados se incluyen:

Funcionarios del gobierno y del Partido Comunista de Cuba.

Integrantes del Consejo de Estado y de Ministros.

Miembros del Ministerio del Interior y la Policía Nacional Revolucionaria.

Personas vinculadas a la violación de derechos humanos en el sistema judicial cubano.

Familiares cercanos de individuos sancionados.

La normativa también contempla la imposición de sanciones a empresas extranjeras que mantengan relaciones comerciales con sectores estratégicos del régimen.

El proyecto establece que cualquier levantamiento de sanciones solo podrá ocurrir si el gobierno cubano cumple con una serie de requisitos fundamentales, como la liberación de presos políticos, la legalización de partidos opositores, el establecimiento de una prensa libre y la celebración de elecciones democráticas supervisadas internacionalmente.

Para Scott y otros legisladores republicanos, estas medidas son necesarias para debilitar el control del régimen sobre la isla y facilitar una transición hacia la democracia. Sin embargo, el futuro de la iniciativa dependerá del apoyo que reciba en el Congreso, donde las posturas sobre la política hacia Cuba siguen divididas.

(Con información de Telemundo)

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