La grave crisis económica que vive Cuba ha empujado al régimen a considerar medidas drásticas, entre ellas, la posibilidad de cobrar en dólares el exceso del consumo eléctrico mensual.

Esta medida, aún no oficializada, surge en un contexto de apagones prolongados, falta de combustible y una infraestructura energética obsoleta. Funcionarios del Ministerio de Energía y Minas y la Unión Eléctrica han reconocido públicamente que la demanda de energía eléctrica supera ampliamente la capacidad de generación, provocando cortes de hasta 23 horas diarias en algunas zonas del país. El promedio nacional se sitúa entre 18 y 19 horas sin servicio eléctrico.

La escasez de divisas conduce incluso a la paralización de embarques de combustible, como el caso de un buque que estuvo anclado 117 días sin poder descargarse por falta de pago. A ello se suma la disminución del apoyo de antiguos aliados como Venezuela y el deterioro continuo del sistema de generación eléctrica nacional.

En medio de este panorama, el gobierno de Miguel Díaz-Canel ha responsabilizado al pueblo por los apagones, apelando al “alto consumo doméstico” y a una supuesta falta de conciencia energética.

La idea de establecer límites al consumo de electricidad y cobrar el exceso en divisas se asemeja a lo aplicado por Etecsa desde el 30 de mayo, cuando restringió las recargas nacionales y pasó a facturar en dólares o en pesos cubanos a tasas inalcanzables para la mayoría, lo que generó fuerte descontento entre los usuarios.

La experiencia con Etecsa sirve como precedente para anticipar lo que podría ocurrir con el servicio eléctrico: una dolarización parcial encubierta bajo el pretexto de la necesidad estatal de captar divisas.

El argumento oficial es que el Estado necesita nuevas fuentes de ingreso para sostener servicios que ya no puede financiar con su deteriorada liquidez, repitiendo así un patrón que recuerda a los ajustes estructurales de corte neoliberal que el mismo régimen criticó durante décadas.

Esta situación refleja una contradicción interna en el modelo económico cubano, que se ve obligado a adoptar mecanismos de mercado mientras sostiene un discurso socialista.

El impacto social de estas medidas es incierto, pero puede intensificar la frustración popular. Hasta ahora, las críticas se han concentrado en redes sociales, sin traducirse en una presión política significativa. Sin embargo, el aumento del costo de servicios esenciales como la electricidad podría cambiar ese escenario en el futuro inmediato.

Fuente: Periódico Cubano

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