El Gobierno de Estados Unidos anunció una nueva ronda de sanciones contra altos funcionarios y empresas vinculadas al aparato militar cubano, en una medida que busca aumentar la presión sobre el régimen de La Habana por sus actividades de cooperación militar con Rusia y China.

Según informó la agencia Reuters, el Departamento del Tesoro y el Departamento de Estado ampliaron la lista de personas y entidades sancionadas, incorporando a ocho funcionarios cubanos y cinco empresas relacionadas con el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR), el conglomerado militar GAESA y la industria de defensa.

Entre los funcionarios sancionados figura el ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Álvaro López Miera, así como el jefe del Estado Mayor General, Roberto Legrá Sotolongo. También fueron incluidos Roberto Jesús Viciana Mousset, Heriberto Sánchez Alleyne, José Antonio Remón Rodríguez, Óscar Enrique Biosca Gallego, la agregada militar en Rusia, Mónica Milián Gómez, y el agregado militar en China, Waldo Pérez Cortés.

Las entidades afectadas son Tecnoimport, Duna S.A., la Unión de Industria Militar, la Empresa Militar Industrial Yuri Gagarin y Tecnotex. De acuerdo con Washington, estas organizaciones habrían participado en la importación, mantenimiento, reparación y modernización de armamento y equipos militares procedentes principalmente de Rusia y China.

El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que las personas y empresas designadas han facilitado la adquisición de material militar para las Fuerzas Armadas cubanas y acusó al Gobierno de La Habana de utilizar sus estructuras militares y de inteligencia para reprimir a la población, además de cooperar con países considerados adversarios estratégicos de Estados Unidos.

Como parte de la misma actualización, el Departamento del Tesoro también incorporó a seis ciudadanos cubanos adicionales —entre ellos uno residente en China y otro en Rusia— y aplicó nuevas designaciones a otros dos que ya se encontraban bajo sanciones.

Las medidas implican el bloqueo de cualquier bien o interés financiero de los sancionados que se encuentre bajo jurisdicción estadounidense. Asimismo, ciudadanos y empresas de Estados Unidos tienen prohibido realizar transacciones con ellos, mientras que instituciones financieras extranjeras que mantengan negocios con los designados podrían exponerse a sanciones secundarias.

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