El gobierno de Estados Unidos presentó cargos contra el gobernador del estado mexicano de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presuntos delitos relacionados con narcotráfico, posesión ilegal de armas y conspiración. La acusación, anunciada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, también involucra a otras nueve personas, entre ellas funcionarios y exfuncionarios.

Según las autoridades estadounidenses, los acusados habrían colaborado con el Cártel de Sinaloa para facilitar el tráfico de grandes cantidades de drogas hacia territorio estadounidense. En el caso específico de Rocha, el documento sostiene que habría mantenido vínculos con “Los Chapitos”, grupo liderado por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

La acusación señala que, desde su etapa como candidato, Rocha habría recibido respaldo de esta organización criminal y posteriormente habría permitido su operación con impunidad en el estado. Además, se le atribuye haber facilitado la colocación de funcionarios afines en estructuras gubernamentales y de seguridad.

De ser hallado culpable, el gobernador podría enfrentar una condena que va desde varias décadas de prisión hasta cadena perpetua bajo las leyes estadounidenses.

Rocha rechazó de forma categórica las acusaciones, calificándolas como infundadas y asegurando que forman parte de una estrategia política. En declaraciones públicas, defendió su gestión y afirmó que demostrará su inocencia.

En paralelo, autoridades mexicanas confirmaron haber recibido solicitudes de detención provisional con fines de extradición por parte de Estados Unidos. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México indicó que los casos fueron remitidos a la Fiscalía General para su evaluación conforme al marco legal del país.

No obstante, el gobierno mexicano señaló que la documentación entregada hasta el momento no contiene pruebas suficientes para determinar responsabilidades, por lo que será la fiscalía la encargada de decidir si procede alguna acción judicial.

El caso ha generado fuertes reacciones en el ámbito político mexicano. Mientras figuras del oficialismo han puesto en duda la solidez de las acusaciones, sectores de la oposición han exigido una investigación a fondo y han cuestionado la relación entre el poder político y el crimen organizado.

Fuente: CNN

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