Pinar del Río vive una situación cada vez más preocupante en sus calles y carreteras: el incremento sostenido de accidentes de tránsito protagonizados por motocicletas, muchos de ellos vinculados directamente a competencias ilegales y a conductas temerarias que convierten la vía pública en una trampa mortal.

El pasado fin de semana dejó un saldo devastador. Cuatro personas perdieron la vida en hechos relacionados con motos. Tres de ellas eran jóvenes conductores; la cuarta, un anciano de 78 años que murió tras ser impactado por una motocicleta que circulaba a gran velocidad mientras cruzaba la vía. No se trata de episodios aislados ni de simples “accidentes”: son consecuencias previsibles de una práctica que se repite con alarmante frecuencia.

Las carreras ilegales de motos, organizadas muchas veces de manera abierta y toleradas en silencio, se han convertido en un fenómeno peligroso. Altas velocidades dentro de zonas urbanas, maniobras imprudentes, ausencia de protección adecuada y el deterioro de muchas vías crean una combinación letal. En ese contexto, cualquier error —un bache, un peatón, una frenada tardía— puede terminar en tragedia.

Durante el fin de semana, las autoridades ocuparon 11 motocicletas y detuvieron a dos de los principales organizadores de estas competencias clandestinas. La intervención fue necesaria, pero insuficiente si se pretende enfrentar el problema solo desde el control policial. La raíz del drama es más profunda y atraviesa a la familia y a la comunidad.

Aquí el llamado es claro y urgente: las familias no pueden mirar hacia otro lado. El silencio, la permisividad o la indiferencia también matan. Una carrera ilegal no es una travesura juvenil ni una muestra de valentía; es una tragedia anunciada. Una moto no es un juguete, la velocidad no es sinónimo de coraje y la calle no es una pista de competencias.

Hablar con los hijos, establecer límites, exigir responsabilidad y dar ejemplo no es opcional: es una obligación moral. La educación vial comienza en casa, mucho antes de que el motor se encienda. Cuando la familia renuncia a su papel, la calle ocupa ese espacio, y lo hace con reglas crueles.

Pero la responsabilidad no termina en el hogar. Como sociedad, urge denunciar estas prácticas, rechazar la glorificación del riesgo y apostar por la prevención real. Cada vida perdida deja familias destrozadas, padres que entierran hijos y un dolor que no se borra con consignas ni con partes oficiales.

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