Dos empleados del puerto de Miami, identificados como Tangela Denise Parks de 50 años, y Ángel Junior Prudhomme de 27, fueron arrestados por su implicación en el robo de 24 piezas de arte dentro de la Terminal G, según informó la Oficina del Sheriff del condado de Miami-Dade. Ambos están detenidos sin derecho a fianza en el Centro Correccional Turner Guilford Knight, enfrentando cargos por hurto mayor y daños criminales.

El caso comenzó a desarrollarse tras una denuncia anónima recibida el 23 de mayo en la línea de corrupción pública. A partir de ese momento, los agentes accedieron a las cámaras de seguridad de la terminal, donde descubrieron imágenes claras de Prudhomme quitando cuidadosamente obras de arte de las paredes el pasado 12 de mayo. Posteriormente, escondía las piezas en escaleras, bolsas de basura y botes, en un aparente intento de evitar su detección. Al día siguiente, colocó los objetos robados en el vehículo de Parks, quien cooperaba con la operación.

"Las grabaciones resultaron claves para la investigación, revelando una coordinación meticulosa entre ambos sospechosos y dejando en evidencia la intención de ocultar el crimen bajo la apariencia de labores regulares." La sheriff Rosie Cordero-Stutz expresó un firme rechazo ante el uso de posiciones laborales para cometer delitos: “Me tomo muy en serio a quienes usan su empleo para robar. Me comprometo a garantizar que cualquier persona involucrada en acciones deshonestas rinda cuentas”, dijo en una declaración oficial.

De las 24 piezas sustraídas, 12 resultaron dañadas debido al mal manejo durante su transporte. Algunas fueron abandonadas en el puerto y recuperadas por la Unidad General de Investigaciones, mientras que otras fueron halladas posteriormente en la residencia de uno de los implicados durante una inspección policial.

Según la legislación de Florida, el castigo por hurto mayor varía en función del valor de los bienes robados. En este caso, la investigación sigue su curso para determinar la clasificación del delito. Las penas pueden ir desde 5 años de prisión por un hurto de tercer grado, hasta 30 años de cárcel o incluso cadena perpetua si se trata de un hurto de primer grado con agravantes.

El caso ha generado indignación entre autoridades y ciudadanos, no solo por el valor material de las piezas, sino por la traición a la confianza depositada en los trabajadores portuarios.

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