La reciente publicación sobre el proceso penal contra el General de Brigada Rodolfo Lores Guerra, hasta hace poco Segundo Jefe del Ejército Oriental, ha sacudido a los altos mandos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR). La investigación, divulgada por LaTijera y replicada por varios medios, detalla las graves faltas cometidas por Lores Guerra, poniendo en evidencia la corrupción y el favoritismo que ha marcado su carrera.

El Tribunal de Honor Militar de Oficiales Superiores se reunió hace pocos días para analizar los errores disciplinarios de Lores Guerra. Durante la sesión, varios generales criticaron duramente su trayectoria, señalando las numerosas ocasiones en las que fue degradado y luego reincorporado, en un aparente ciclo de indulgencia que contrasta con la rigidez aplicada a otros oficiales de menor rango.

Un punto destacado en la reunión fue su ascenso a Jefe de la Región Militar de Granma, a pesar de no haber completado el Colegio Operativo Estratégico (COE), un requisito obligatorio para todos los demás oficiales que aspiraban a ese cargo. Esta promoción irregular es atribuida a la influencia del General de División Riger, ex Jefe del Ejército Oriental y actual Jefe del Ejército Occidental, quien ha sido el principal protector de Lores Guerra a lo largo de su carrera.

Lores Guerra, confiado en el respaldo de sus superiores, llegó a presumir en círculos privados que sería nombrado Jefe del Ejército Oriental en 2024. Sin embargo, su caída en desgracia pone en entredicho esa posibilidad y abre interrogantes sobre las consecuencias de su comportamiento.

Uno de los aspectos más controvertidos es la mansión de seis habitaciones que Lores Guerra posee en Guantánamo, en una céntrica calle de la ciudad, y que le fue entregada gratuitamente por las FAR. Además, se cuestiona el destino de un vehículo Geely que le fue asignado tras su ascenso a general, así como de una vivienda que construyó para su hija con materiales de dudosa procedencia.

A pesar de su suspensión, Lores Guerra continuó realizando mejoras en su residencia con la ayuda de una brigada de reclusos, dirigida por Benjamín Arrúe Paisán, un exdirector condenado por corrupción y malversación. Este hecho, autorizado por los jefes de prisiones de Guantánamo, ha generado represalias contra el recluso, que ha sido devuelto a régimen de internamiento y se le ha negado la libertad condicional, mientras los militares involucrados permanecen impunes.

Además de los bienes mencionados, informes recientes indican que a Lores Guerra se le han confiscado otros medios de transporte y equipos, entre ellos un microbús Jimbei y un Jeep de origen chino, además de turbinas, motores eléctricos, sistemas de riego y otros materiales desviados de su uso original.

El curso del proceso penal contra Lores Guerra está siendo observado de cerca, ya que algunas fuentes sugieren que podría recibir un trato disciplinario en lugar de ser juzgado por un tribunal militar. Esto contrasta fuertemente con la severidad con la que él mismo acusó y procesó a decenas de oficiales por faltas menores a lo largo de su carrera.

El reciente Tribunal de Honor Militar dispuso la degradación de Lores Guerra, pero esta medida no parece suficiente. Ha pasado por degradaciones similares en el pasado, solo para ser luego promovido a puestos de mayor responsabilidad. La gravedad de sus delitos demanda un castigo proporcional, en consonancia con la severidad con la que él siempre trató a sus subordinados. Es hora de que Lores Guerra enfrente las consecuencias de sus acciones.

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