El Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV) anunció la revocación de más de 17.000 licencias de conducir comerciales emitidas a inmigrantes, luego de una auditoría federal que detectó errores en las fechas de vencimiento vinculadas al estatus legal de los conductores. La medida ha provocado un nuevo enfrentamiento político entre el gobierno estatal y la administración federal.

Según funcionarios de California, las licencias fueron anuladas porque sus fechas de expiración no coincidían con la duración del permiso de residencia o trabajo autorizado por las leyes federales. Sin embargo, la oficina del gobernador Gavin Newsom aclaró que todos los conductores afectados contaban con permisos de trabajo válidos cuando se emitieron las licencias.

El anuncio se produce después de semanas de tensión entre el estado y el secretario de Transporte, Sean Duffy, quien acusó a California de “haber expedido ilegalmente” miles de licencias a inmigrantes sin estatus regular. “Hemos desenmascarado sus mentiras”, dijo Duffy en una conferencia de prensa. “Esta revocación es solo el comienzo; continuaremos investigando cómo California permitió que personas indocumentadas condujeran camiones y autobuses escolares”.

Desde el gobierno estatal, la respuesta fue inmediata. Alex Richards, portavoz de Newsom, rechazó las acusaciones y calificó los señalamientos de Duffy como “falsedades fácilmente refutables”. Aseguró que las licencias fueron emitidas conforme a las orientaciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que autoriza a los estados a conceder permisos de conducir a ciertos inmigrantes con documentación temporal.

La controversia se intensificó luego de varios accidentes fatales protagonizados por camioneros sin estatus migratorio regular en Florida, Texas y California, lo que avivó el debate sobre la seguridad vial y los controles en la expedición de licencias.

Además de las revocaciones, Duffy anunció que su departamento retendrá hasta 200 millones de dólares en fondos federales destinados a programas de transporte en California, alegando incumplimiento de los requisitos de idioma y verificación migratoria.

En paralelo, el Departamento de Transporte presentó nuevas reglas que endurecen las condiciones para obtener licencias comerciales. Bajo las disposiciones que entrarán en vigor en 2026, solo los portadores de visas H-2A, H-2B o E-2 podrán solicitarlas, y las autoridades estatales deberán verificar el estatus migratorio de cada solicitante en una base de datos federal.

Estas licencias tendrán una vigencia máxima de un año o hasta que expire el permiso de trabajo, lo que reducirá drásticamente el número de inmigrantes elegibles: de los 200.000 actuales, solo unos 10.000 cumplirían los nuevos criterios.

Por el momento, los conductores afectados por la decisión de California recibirán una notificación formal que les da 60 días para regularizar su situación o perder definitivamente su licencia.

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