Álvaro Pacheco, director de comunicación de Barceló, explicó al diario El Español que cuando la cadena hotelera comenzó con los arreglos para operar en Cuba, solicitó “dictámenes a despachos de abogados norteamericanos para tener mayor seguridad de que no existía ninguna propiedad afectada por una expropiación a ciudadanos estadounidenses ni a ciudadanos cubanos con nacionalidad estadounidense”.

De esta manera, Barceló se libra momentáneamente de una posible batalla legal, a partir de la puesta en marcha del Título III de la Ley Helms Burton. A través de esta legislación, ciudadanos estadounidenses que perdieron sus bienes en la Isla después de las nacionalizaciones, podrán llevar ante cortes federales a compañías extranjeras que han invertido en territorios confiscados por el gobierno cubano.

La prerrogativa de Barceló se supo después de que se le impusiera una demanda por los propietarios de un hotel que ocupaba parte de un terreno expropiado. Pero no se han conocido más detalles.

Por el momento, Barceló está esperando por la notificación de la Fiscalía de Miami, pero los citados contratos respaldarían a la cadena hotelera ante cualquier eventualidad legal.

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