El gobierno de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, ha anunciado nuevas restricciones migratorias que afectan directamente a ciudadanos de varios países, entre ellos Cuba. La medida forma parte de un paquete más amplio de acciones que buscan reforzar la seguridad nacional, pero que también incrementan la presión sobre regímenes autoritarios, como el cubano.

En respuesta, el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla denunció en su cuenta oficial de X que las nuevas disposiciones tienen, según él, un “trasfondo racista” y estarían motivadas por “sectores anticubanos en el Congreso estadounidense”. También afirmó que las restricciones afectan el contacto entre familias y perjudican los intercambios culturales, académicos y profesionales entre ambos países.

Pero más allá del discurso oficial del régimen, lo cierto es que las políticas de Trump están cerrando cada vez más los espacios de maniobra para La Habana. En medio de una profunda crisis económica y migratoria que ha forzado a cientos de miles de cubanos a abandonar la isla, las nuevas medidas dificultan aún más la posibilidad de que ciudadanos del país caribeño puedan ingresar a territorio estadounidense.

La proclamación presidencial firmada el día de ayer impone una prohibición total de entrada a ciudadanos de doce naciones, entre ellas Afganistán, Irán, Siria, Libia y Corea del Norte. Cuba figura en el segundo grupo, compuesto por siete países que enfrentarán restricciones parciales. En el caso cubano, se espera una mayor vigilancia sobre solicitudes de visa y un aumento en las denegaciones de entrada por motivos de seguridad nacional.

Estas disposiciones, que han sido justificadas por la administración Trump como parte de una estrategia para corregir “fallas graves en los controles migratorios y de seguridad” de los países afectados, han desatado la reacción previsible del gobierno cubano, que se encuentra cada vez más asfixiado tanto interna como externamente.

La Habana teme que este tipo de medidas no solo limiten el flujo migratorio hacia Estados Unidos —un mecanismo tradicional de descompresión social en la isla—, sino que también refuercen el aislamiento político y económico del régimen. La imposibilidad de viajar, realizar intercambios profesionales o recibir remesas de manera fluida impacta directamente en la economía informal cubana y en los círculos más próximos al poder, que dependen del vínculo con el exterior para sostener privilegios.

No es casual que figuras del régimen como Rodríguez Parrilla hayan reaccionado con rapidez. Las medidas de Trump están forzando a la dictadura cubana a adoptar una postura defensiva, evidenciando su vulnerabilidad ante una estrategia que, sin apelar directamente al uso de la fuerza, la cerca progresivamente a través de la presión migratoria, diplomática y económica.

En un momento en que la credibilidad del gobierno cubano está por el suelo y el descontento social se hace cada vez más visible, estas restricciones representan un nuevo golpe que limita su margen de acción. Y aunque La Habana las critique públicamente, internamente sabe que el cerco se cierra, y que las opciones para esquivarlo son cada vez más escasas.

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