La temporada de verano en Cuba, una época esperada por muchos para disfrutar de las playas y costas, se ve marcada por una serie de regulaciones estrictas y deficiencias que afectan tanto a los visitantes como a los trabajadores por cuenta propia. Según un reciente artículo publicado en la prensa oficialista, estas restricciones y la falta de infraestructura adecuada reflejan las fallas del sistema gubernamental cubano en proporcionar espacios recreativos de calidad para su población.

El Decreto-Ley No.77 de 2023, conocido como la ley de costas, establece una serie de disposiciones que limitan significativamente la libertad de los bañistas. Entre ellas se encuentran la fijación de horarios de entrada y salida, la regulación del expendio de bebidas alcohólicas y la señalización de las áreas de baño. Además, se imponen restricciones a la permanencia en las playas en función de las condiciones climáticas, lo que puede resultar en desalojos arbitrarios.

Los trabajadores por cuenta propia que buscan operar en las playas durante los meses de verano enfrentan una serie de requisitos burocráticos que dificultan su actividad. Estos incluyen la necesidad de tener documentación actualizada, la obtención de certificaciones específicas y la aprobación de solicitudes en las direcciones municipales de Ordenamiento Territorial y Urbanismo. Además, tienen prioridad los residentes de poblados aledaños, lo que limita las oportunidades para aquellos que no viven cerca de las playas.

Recientemente, se ha observado una alarmante falta de infraestructura básica en las playas. Muchas de ellas no cuentan con baños públicos, lo que resulta en prácticas insalubres como el fecalismo al aire libre. Las playas que sí tienen baños se encuentran en estado de destrucción y se planea cambiar su uso para otras actividades. Además, hay una notable escasez de cestos para la recogida de desechos sólidos, lo que contribuye a la contaminación de las áreas costeras.

El sistema de inspectores mantiene un control constante sobre las actividades en las playas, imponiendo severas sanciones a quienes no cumplan con las regulaciones. Estas sanciones pueden incluir la cancelación del permiso para utilizar las áreas y, en casos de violaciones reiterativas, la prohibición de cualquier concesión de autorización en las playas. Las principales infracciones incluyen el incumplimiento de normas sobre la recogida de desechos, la ubicación incorrecta de quioscos y la comercialización de productos no autorizados.

Las restricciones y deficiencias en las playas y costas cubanas durante la temporada de verano no solo limitan la libertad de los ciudadanos, sino que también reflejan las ineficiencias del sistema gubernamental en proporcionar servicios públicos adecuados. Estas medidas, lejos de mejorar la experiencia de los bañistas, evidencian una gestión deficiente y una falta de infraestructura básica que afecta negativamente tanto a los visitantes como a los trabajadores por cuenta propia.

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