El panorama político boliviano dio un giro inesperado este miércoles luego de que el ex presidente Luis Arce fuera detenido por fuerzas de seguridad en cumplimiento de una orden emitida por la Fiscalía. La ex ministra de la Presidencia, María Nela Prada, confirmó el arresto, que se enmarca en la investigación del conocido caso Fondo Indígena, uno de los mayores episodios de presunta corrupción en la historia reciente del país.

La causa, que se remonta a los años en que Arce se desempeñaba como ministro de Economía durante el gobierno de Evo Morales, involucra un supuesto desfalco millonario de recursos públicos destinados al desarrollo de comunidades indígenas, originarias y campesinas. La indagación preliminar señala que Arce habría autorizado desembolsos estatales hacia cuentas personales, entre ellas la de la ex diputada Lidia Patty, actualmente recluida en el penal de Obrajes.

El Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino (Fondioc) administraba el 5% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos, manejando más de 3.197 millones de bolivianos entre 2006 y 2014 —alrededor de 460 millones de dólares— para financiar proyectos rurales. Sin embargo, auditorías de la Contraloría en 2015 revelaron profundas irregularidades: más de 150 proyectos inconclusos o inexistentes y un daño económico inicialmente calculado en 71 millones de bolivianos (unos 10 millones de dólares). Investigaciones posteriores elevaron la cifra a más de 182 millones de dólares en perjuicio al Estado.

El directorio del Fondo incluía varios ministerios —entre ellos Economía, dirigido entonces por Arce— y organizaciones sociales vinculadas al MAS. Aunque la estructura buscaba integrar representatividad, terminó generando un sistema con escasos controles y amplia discrecionalidad en el manejo de recursos. Los investigadores también detectaron pagos a cuentas personales, desembolsos sin respaldo técnico y proyectos aprobados sin documentación mínima.

El año 2014, un periodo electoral crucial, profundizó la crisis: pese a las deudas acumuladas del Fondo, se autorizaron desembolsos por 575 millones de bolivianos, lo que alimentó sospechas sobre un posible uso político del dinero público. Las denuncias se multiplicaron y llevaron a la intervención del Fondioc al año siguiente.

Uno de los episodios más sensibles del caso fue la denuncia presentada por Marco Antonio Aramayo, entonces director del Fondo, quien reveló la existencia de un esquema de proyectos fantasma, sobrecostos y desvíos sistemáticos. Aramayo terminó encarcelado y murió bajo custodia estatal, lo que generó un profundo debate sobre responsabilidades y abusos del sistema judicial.

Fuente: Infobae

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