Un bebé de apenas un año de edad compareció esta semana ante un tribunal de inmigración en Arizona sin representación legal y recibió la orden de presentar una solicitud de asilo antes de su próxima audiencia o exponerse a una orden de deportación.

El caso fue revelado en documentos judiciales presentados en medio de una disputa entre organizaciones defensoras de los derechos de los menores migrantes y la administración del presidente Donald Trump. El medio NOTUS informó sobre el incidente a partir de los documentos y declaraciones presentados ante el tribunal.

El pequeño forma parte de un grupo de menores migrantes no acompañados que, según organizaciones sin fines de lucro, han tenido que comparecer por sí mismos ante jueces de inmigración desde el pasado 31 de julio, cuando terminó un contrato federal que financiaba servicios de representación legal para estos niños.

Uno de los documentos judiciales señala que durante la audiencia del bebé estuvo presente un abogado del Comité Estadounidense para los Refugiados (USCRI), una de las organizaciones que recibió un nuevo contrato federal para atender a los menores. Sin embargo, según el testimonio presentado ante el tribunal, el abogado permaneció en silencio y no asumió la representación del niño.

Las organizaciones calificaron de absurda la situación, al considerar que un menor de un año no tiene capacidad para comprender ni presentar por sí mismo una compleja solicitud de asilo.

El problema se originó tras la finalización del contrato con el Acacia Center for Justice, entidad que distribuía fondos federales entre cerca de un centenar de proveedores de servicios legales que representaban a más de 24.000 menores migrantes.

El gobierno federal otorgó posteriormente nuevos contratos a USCRI, por 20 millones de dólares, y a Our Rescue, organización dedicada a combatir la trata de personas, por 158 millones de dólares. Sin embargo, las organizaciones demandantes sostienen que la transición ha provocado confusión y dejado a numerosos menores sin abogados durante sus procesos migratorios.

La red de organizaciones solicitó a un juez federal que determine si el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) está cumpliendo con la legislación y con una orden judicial que impedía retirar los fondos destinados a la representación legal directa de menores no acompañados.

La Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR), encargada de supervisar a estos menores, defendió el proceso de transición. Un portavoz explicó que USCRI está evaluando qué niños continúan representados, consultando sus necesidades legales y obteniendo su consentimiento antes de asumir formalmente un caso.

No obstante, abogados que anteriormente representaban a los menores aseguran haber presenciado otras audiencias en las que abogados de USCRI estuvieron presentes, pero no intervinieron.

En otro caso, ocurrido el 6 de agosto en California, un menor sin abogado solicitó abandonar voluntariamente Estados Unidos mientras un representante de USCRI permanecía en silencio, según documentos judiciales.

La ORR sostiene que sus abogados han cubierto las audiencias de los menores bajo su custodia y que los casos están siendo atendidos. Las organizaciones demandantes, sin embargo, mantienen que la transición ha dejado a numerosos niños enfrentando solos procedimientos migratorios de gran complejidad.

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