Durante años, Nicolás Maduro ha insistido en presentarse como un mandatario austero. En varias intervenciones públicas aseguró que su salario equivale a dos petros mensuales, una cifra que, según el propio valor oficial fijado por el régimen venezolano, rondaría los 120 dólares. Sin embargo, esa narrativa choca frontalmente con una realidad difícil de ocultar: el gobernante venezolano ha contratado en Estados Unidos a Barry Pollack, uno de los abogados penalistas más costosos y experimentados del país, conocido internacionalmente por haber defendido a Julian Assange en el caso WikiLeaks.

Pollack no es un abogado común. Se trata de un litigante de alto perfil, especializado en casos federales complejos, seguridad nacional y crimen organizado. En el mercado legal estadounidense, profesionales de ese nivel cobran honorarios que pueden ascender a millones de dólares, especialmente en procesos prolongados y políticamente sensibles como el que enfrenta Maduro en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York por cargos de narcotráfico y conspiración.

La pregunta resulta inevitable: ¿cómo puede un gobernante que afirma ganar apenas 120 dólares al mes costear una defensa legal de ese calibre?

La respuesta, para muchos analistas, es tan evidente como incómoda. El salario declarado de Maduro carece de toda credibilidad como reflejo de su verdadero poder económico. Como jefe de un aparato estatal altamente centralizado, Maduro controla —directa o indirectamente— recursos públicos, empresas estatales, fondos opacos y estructuras financieras que operan fuera de cualquier fiscalización independiente.

Diversas investigaciones periodísticas y sanciones internacionales han señalado durante años la existencia de redes de corrupción, desvío de fondos y economías paralelas vinculadas al alto mando del chavismo. A ello se suman los ingresos provenientes del oro ilegal, el contrabando de combustible, el narcotráfico y el uso discrecional de activos del Estado en el exterior. En ese contexto, el pago de honorarios millonarios a un abogado en Estados Unidos no resulta una excepción, sino una consecuencia lógica del acceso a recursos que no figuran en ningún presupuesto oficial.

Otro elemento clave es que Maduro no se defiende como un ciudadano común, sino como un jefe de régimen. Su estrategia legal no solo busca evitar una condena penal, sino proteger a toda una estructura de poder. En ese sentido, el costo de la defensa puede ser asumido por intermediarios, testaferros, fondos en el extranjero o incluso aliados políticos y económicos interesados en que el proceso judicial fracase.

Mientras tanto, dentro de Venezuela, millones de ciudadanos sobreviven con salarios que no alcanzan para cubrir lo básico. La brecha entre el discurso de sacrificio que predica el régimen y el lujo de su defensa legal en Nueva York expone una contradicción profunda: un “presidente obrero” que dice ganar dos petros, pero actúa como un multimillonario cuando su libertad está en juego.

El caso de Barry Pollack no solo pone en evidencia el doble discurso de Maduro, sino que vuelve a colocar sobre la mesa una pregunta central: ¿cuántos recursos ha manejado el poder chavista que jamás pasaron por las manos del pueblo venezolano?

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