El avión privado del presidente venezolano Nicolás Maduro fue confiscado por las autoridades estadounidenses y trasladado al sur de Florida, según informaron funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). La aeronave llegó al Aeropuerto Internacional Lauderdale-Hollywood el lunes, procedente de la República Dominicana.

La confiscación del jet, que ocurrió en medio de un clima de tensión internacional tras las recientes protestas en Venezuela, se basa en violaciones de las leyes estadounidenses relacionadas con el control de exportaciones y sanciones. El Departamento de Justicia de EE.UU. emitió un comunicado en el que se detalla que el avión fue adquirido ilegalmente por una suma de 13 millones de dólares a través de una empresa fantasma y contrabandeado desde Estados Unidos para uso personal de Maduro y sus asociados.

El fiscal general Merrick B. Garland declaró: “Esta mañana, el Departamento de Justicia confiscó una aeronave que, según alegamos, fue comprada ilegalmente a través de una empresa fantasma. Esta acción subraya nuestro compromiso continuo de hacer cumplir nuestras sanciones y controles de exportación para evitar que recursos estadounidenses sean utilizados para socavar la seguridad nacional de Estados Unidos”.

La medida se produce apenas un mes después de las masivas protestas en Venezuela, que estallaron tras la declaración de Maduro como ganador de unas elecciones altamente disputadas. La confiscación del avión refleja un endurecimiento en las políticas de EE.UU. hacia el gobierno venezolano, que ha enfrentado numerosas sanciones y presiones internacionales debido a acusaciones de corrupción y violaciones de derechos humanos.

Las autoridades estadounidenses han señalado que el avión, de alta gama y destinado al uso del presidente venezolano, es el último ejemplo de su esfuerzo por interrumpir los flujos financieros y recursos que podrían ser utilizados por el régimen de Maduro. Este caso también resalta la creciente tensión entre EE.UU. y Venezuela, en un contexto de creciente escrutinio internacional sobre las acciones del gobierno venezolano.

El Departamento de Justicia y el DHS han reiterado su compromiso de perseguir y desmantelar las redes que facilitan la evasión de sanciones y el contrabando de recursos, con el objetivo de proteger la integridad del sistema financiero estadounidense y asegurar que los recursos no sean desviados para fines que comprometan la seguridad nacional.

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