La Administración del presidente Donald Trump reactivó la conocida regla de “carga pública”, una política migratoria que permite negar la residencia permanente a determinados inmigrantes si las autoridades consideran que podrían depender de la asistencia pública del Gobierno estadounidense.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció la derogación de la normativa aprobada en 2022 durante la Administración de Joe Biden, que había limitado los beneficios públicos que podían tenerse en cuenta al evaluar las solicitudes de la llamada green card. La nueva disposición fue publicada en el Registro Federal y entrará formalmente en vigor el próximo 20 de julio.

La medida restablece una política impulsada por Trump durante su primer mandato y posteriormente eliminada por Biden. Según informó la agencia EFE, el cambio se produce en un contexto de endurecimiento de la política migratoria del actual Gobierno, que ha reforzado tanto los controles sobre la inmigración irregular como las restricciones a determinadas vías de inmigración legal.

La legislación federal ya exige que quienes solicitan la residencia permanente demuestren que no se convertirán en una carga para el Estado. Sin embargo, la normativa impulsada por Trump amplía los criterios utilizados por las autoridades migratorias para evaluar esa condición.

Entre los programas que podrían influir en el análisis de una solicitud figuran beneficios como Medicaid, cupones de alimentos, subsidios de vivienda y otras ayudas públicas, aunque cada caso será evaluado de forma individual por los funcionarios de USCIS.

El organismo explicó que la política busca reforzar el principio de autosuficiencia económica entre quienes desean establecerse permanentemente en Estados Unidos y proteger los recursos públicos destinados a los contribuyentes.

"Durante la presidencia de Trump, USCIS está restableciendo el principio básico de que los inmigrantes deben ser capaces de mantenerse por sí mismos", señaló la agencia en un comunicado divulgado a través de sus canales oficiales.

Por su parte, Zach Kahler, portavoz de USCIS, afirmó que la Administración busca garantizar el cumplimiento de la ley y evitar que los programas financiados por los contribuyentes se conviertan en una fuente de dependencia para quienes solicitan beneficios migratorios.

La política ya había sido objeto de una intensa controversia cuando fue implementada por primera vez en 2020. Organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes argumentaron entonces que la norma perjudicaba especialmente a las familias de bajos ingresos y desalentaba a muchas personas de acceder a programas públicos para los que calificaban legalmente por temor a afectar sus trámites migratorios.

Expertos en salud pública también advirtieron en ese momento que la medida podía reducir el acceso de miles de inmigrantes a servicios médicos y programas de alimentación, mientras que la Administración Trump sostuvo que el objetivo es promover la autosuficiencia y preservar los recursos públicos para quienes más los necesitan.

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