La Policía de Hialeah decidió no reabrir el caso penal contra Andy Santana, ex tesorero de la campaña política de Alexander Otaola, al concluir que no existen pruebas suficientes para iniciar un nuevo proceso judicial.

La decisión fue dada a conocer por el periodista Javier Díaz, de Univisión, quien también adelantó que podría presentarse una demanda civil por parte del denunciante.

Ronaldo Luis Mosqueda Toledo, el joven que en octubre de 2024 acusó a Santana de haber mantenido relaciones sexuales con él cuando era menor de edad, anunció recientemente su intención de continuar con una acción legal por la vía civil.

El caso generó gran atención pública tras la detención inicial de Santana, acusado de actividad sexual ilegal con un menor, delito grave que podría haberle costado hasta 15 años de prisión. No obstante, los cargos fueron retirados cuando Mosqueda se retractó, alegando que había sido presionado para realizar su denuncia original.

En marzo de 2025, ya con 18 años, Mosqueda solicitó a la Policía de Hialeah reabrir el caso, entregando su teléfono móvil como posible evidencia. Según sus declaraciones a Univisión, el dispositivo contiene videos de contenido sexual que habrían sido utilizados para intimidarlo. Afirmó también que el FBI podría involucrarse en la investigación por posible pornografía infantil.

Pese a estos nuevos elementos, las autoridades concluyeron que no hay fundamentos legales suficientes para reabrir el caso penal, lo cual ha sido duramente criticado por el entorno de Mosqueda. El investigador privado Joe Carrillo, que lo acompaña en el proceso, expresó su indignación: “Aquí hay gente que están protegiendo”.

Aunque el proceso penal parece cerrado, el denunciante se prepara ahora para demandar civilmente a Andy Santana. La atención pública se mantiene viva debido a la figura política de Alexander Otaola, influencer y activista cubano que se postuló a la alcaldía de Miami-Dade en 2024.

Otaola se ha desmarcado de los hechos desde el inicio. Tras la detención de su ex tesorero, afirmó: “No tengo control sobre la vida privada de mis empleados. Cada persona deberá enfrentar la responsabilidad de sus propios actos”. También denunció que el caso estaba siendo manipulado para dañar su imagen.

Mientras se cierra una etapa en los tribunales penales, las acciones civiles —y la posible participación del FBI— podrían mantener la controversia vigente en los próximos meses.

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